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Revista: El proyecto político para la ciencia


«Hay que crear un sistema que invite a regresar a los investigadores exiliados»

Para este enfoque en forma de cuestionario, SEBBM ha contado con la colaboración de Beatriz Rilova, responsable de Políticas Científicas del Consejo Ciudadano estatal de Podemos. Licenciada en Biología (especialidad en Genética y Microbiología), Rilova es profesora de Ciencias en Secundaria y Bachillerato.

  • Podemos

FINANCIACIÓN

Los sistemas avanzados de ciencia, tecnología e innovación están dotados de mecanismos que aseguran su estabilidad presupuestaria. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2013, indican que el sistema de I+D español se sitúa en el 1,24 % del PIB, confirmando la tendencia a la baja de años precedentes y un alejamiento cada vez mayor de la media europea.

¿Qué medidas concretas prevé su partido para alcanzar la media europea de inversión en I+D y en qué plazos?
Nuestro objetivo es doble: queremos alcanzar la media de inversión europea en el transcurso de la próxima legislatura, pero queremos también apuntar hacia los acuerdos europeos en los que marcamos un objetivo de inversión del 3 % del PIB en 2020, siempre con el realismo y la flexibilidad que el sistema requiere. Trabajamos en medidas concretas como la reducción de la parte del Presupuesto General del Estado destinada a las operaciones financieras y el aumento proporcional del destinado a las operaciones no financieras, para que se corresponda con la realidad de la I+D+i española, algo que, si bien no aumenta el porcentaje de PIB presupuestado, sí incrementará, y mucho, el que realmente llega al sistema. Desde el área de Economía se plantean nuevas formas de financiación como las que han sido recientemente proyectadas en las comunidades autónomas, véase por ejemplo el proyecto de creación de un Banco del Agua.

«Planteamos promover un Pacto de Estado por la Investigación… que fidelice la inversión en I+D+i con un incremento anual mínimo o con compromisos de financiación basados en objetivos.»

¿Cómo piensa estabilizar su partido las dotaciones presupuestarias?
Planteamos varios mecanismos políticos, entre ellos promover un Pacto de Estado por la Investigación que goce de grandes consensos entre diferentes actores (partidos políticos, por supuesto, pero también de movimientos sociales y de la sociedad civil organizada) y que fidelice la inversión en I+D+i con un incremento anual mínimo o un nuevo marco de colaboración público-privado con compromisos de financiación basados en objetivos.

¿Estaría de acuerdo en impulsar medidas de choque para recuperar los niveles de inversión previos a 2010?
Nuestra propuesta incluye un plan de choque que permitirá detener el deterioro que el sistema español de I+D+i ha sufrido en los últimos seis años. Pero además de estas medidas, que incluiríamos en un Plan de Recuperación, contamos con un plan a medio y largo plazo para asegurar que el incremento en el nivel de inversión se acompasa a las imprescindibles reformas del sistema.

 

INSTRUMENTOS

La Ley de la Ciencia de 2011, aprobada por consenso de todos los partidos parlamentarios, prevé la creación de la Agencia Estatal de Financiación como un instrumento independiente para la gestión de los fondos públicos dedicados a I+D.

¿Cómo piensa garantizar su partido la independencia de la futura Agencia?
El Gobierno ha prometido (otra vez) que antes del fin de la legislatura tendremos una Agencia. Por respeto, queremos esperar a ver su propuesta. Pero en todo caso, creemos que esa independencia y rigor en la gestión de los recursos públicos se garantiza a través de la puesta en marcha de: 1) mecanismos de transparencia total en la asignación de los fondos que van desde la solicitud, la evaluación y hasta la transferencia de fondos; 2) evaluación periódica e internacional entre pares (international peer review), y 3) rendición de cuentas ante la ciudadanía. Por poner un ejemplo concreto, nos parecería acertado que el director de la Agencia fuera elegido mediante un concurso internacional de méritos, juzgado por una comisión independiente, y ratificado por una comisión del Congreso.

¿Estaría de acuerdo su partido en blindar presupuestariamente la futura Agencia para evitar la injerencia de ciclos políticos y económicos?
Por supuesto que estamos de acuerdo: no tiene sentido una Agencia sin un presupuesto plurianual independiente de los ciclos económicos. Creemos que hay que insistir, sin embargo, en que los principios rectores de la Agencia estén fundamentados en la meritocracia.

 

CAPACITACIÓN

Históricamente, España tuvo que abstenerse de su participación en grandes proyectos internacionales o, simplemente, participar en las principales líneas de investigación, desarrollo e innovación, por la falta de las infraestructuras precisas. Hoy esta condición ya no se da por la existencia de los grandes centros de investigación, la transformación de los hospitales de referencia en institutos o la introducción en el sistema de grandes instalaciones, además de la consolidación de los Parques Científicos y Tecnológicos.

¿Cree que España dispone en la actualidad de instrumentos suficientes para competir en condiciones a escala internacional?
Pese a la gestión de los últimos años, España está todavía en condiciones para competir internacionalmente. Cuenta con polos de excelencia de referencia mundial y con un equipo humano tanto investigador como técnico del máximo nivel. No obstante, esa capacidad se reduce con el paso del tiempo. Mantener esa competitividad, mediante la revisión, reforma y apuntalamiento del sistema es fundamental. Hace falta una visión integradora estatal de planificación, supervisión y trabajo, así como favorecer y aumentar las sinergias y la colaboración entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado, tanto horizontal como verticalmente, de forma que podamos desarrollar una estrategia coordinada, no solo en este aspecto, sino en la totalidad de la política científica a desarrollar. Con una mejor gobernanza, apoyo y colaboración, podemos conseguir más y estar entre los mejores del mundo y hacer de España no solo un líder en I+D+i, sino una referencia en la economía sostenible e inclusiva.

¿Apostaría por alguna gran instalación de escala internacional para España?
Si bien entendemos que es necesaria una reforma de la red de centros de investigación y transferencia, creemos que no es el momento de invertir en grandes estructuras. Nuestra apuesta pasa por un crecimiento armónico del sistema de I+D+i, con énfasis en la formación de nuevos investigadores y en el regreso de aquellos que se han tenido que marchar por efecto de la crisis. Para ello es necesario crear un sistema robusto, eficiente, democrático y transparente, no apostar por las grandes estructuras.

«Es necesario crear un sistema robusto, eficiente, democrático y transparente, no apostar por las grandes estructuras.»

¿Considera adecuada la actual red de centros de excelencia o entiende que debe modificarse? ¿Con qué instrumentos?
Consideramos que no es el momento de crear nuevos centros, sino de analizar el trabajo de los existentes e intentar mejorar su funcionamiento en la medida de lo posible. Sí creemos, no obstante, que debemos mejorar la transferencia de conocimiento a la sociedad, lo que pasa por una redefinición de las relaciones entre el sector público y el privado. También consideramos que es necesario reforzar la red de Centros de Excelencia Severo Ochoa y las unidades de Excelencia María de Maeztu. Creemos que una mejor I+D se hace en unas instituciones fuertes y autónomas, tal como pretende crear el Programa de Fortalecimiento Institucional. Pensamos que sería útil ampliar el contexto de la financiación institucional basado en resultados en el marco de la transferencia de tecnología, en modelos similares de los centros Catapult en el Reino Unido.

 

LEY DE MECENAZGO

El mecenazgo en ciencia está considerado en muchos de los países de nuestro entorno un mecanismo más de financiación. Eso no ocurre en España.

¿Apoya el partido que usted representa una Ley de Mecenazgo que cubra las expectativas del sistema de ciencia y tecnología español? Si es así, ¿en qué plazos?
La Ley de Mecenazgo vigente es de 2002 y no supuso un avance significativo respecto al marco legal previo. Esta Ley da cobertura a las donaciones al sistema de ciencia y tecnología que se consideran de interés general, si bien los términos en los que está redactada son notablemente revisables. Está en la agenda de Podemos estudiar las reivindicaciones hechas desde el sistema científico y desde otras partes comprometidas con una mejora, como la AEF.

¿Qué condiciones debe cumplir un marco regulatorio para el mecenazgo en ciencia, tecnología e innovación?
Debería ser una ley que induzca a la participación de los agentes privados en el beneficio social colectivo, haciendo ver a estos agentes que una inversión social repercute positivamente en sus propias empresas, de manera indirecta. Hay que convencer y ayudar a la iniciativa privada para que empiecen a interpretar su actividad empresarial como un win to win entre la empresa y el colectivo social. La Ley de Mecenazgo debería ayudar al cambio del actual paradigma empresarial de empleos = costes y cambiarlo por el de empleos = inversión y beneficio social (que repercute positivamente en la propia empresa).

El marco regulatorio debería también disponer de unas herramientas para evitar que las donaciones se conviertan en realidad en una subvención encubierta a iniciativas privadas con determinados intereses empresariales.

 

POLÍTICA DE INNOVACIÓN

Año tras año, los indicadores de innovación son poco favorables para el sistema español de I+D. El ranking europeo sitúa a España en el puesto 19, mientras que a escala mundial se está invariablemente cerca del puesto 40. Dado que la innovación es uno de los valores centrales para el progreso económico de una sociedad basada en el conocimiento…

¿Qué medidas concretas pretende impulsar su partido en esta materia?
Además del esfuerzo que queremos hacer en conectar la investigación con la innovación mediante una red de transferencia tecnológica de nuevo cuño, nuestro proyecto busca favorecer el desarrollo de un ecosistema de empresas de base tecnológica que garantice los adecuados retornos para el Estado. Para ello es necesaria la implicación directa del sector público como nucleador del esfuerzo y gestor de los compromisos.

Creemos fundamental impulsar un cambio en cómo entendemos el proceso innovador, partiendo de un principio que pensamos fundamental: el Estado debe desempeñar un papel activo. No se trata únicamente de apoyar o complementar la iniciativa privada, sino que debe ser un elemento activo y protagonista en la creación de nuevos mercados. Esto implica cambios no solo en la actividad estatal y en los procesos de inversión, sino también en el retorno de la misma. Es por eso que hablamos de crear un nuevo marco de colaboración público-privada, en el que el esfuerzo inversor del Estado se vea reconocido.

«El Estado debe desempeñar un papel activo (…), debe ser un elemento activo y protagonista en la creación de nuevos mercados.»

Este nuevo papel pasa por la puesta en marcha de herramientas suficientes y estables de financiación a empresas innovadoras, basadas siempre en la evaluación de proyectos; una revisión de las actividades que se incluyen bajo el concepto de innovación; la introducción de nuevos indicadores que valoren, junto a los baremos clásicos, otros que ponderen la innovación social; la potenciación del CDTI, al que se dotará de mayor independencia y que trabajará en colaboración con la futura Agencia de Investigación, etc.

Estas medidas de nuevo cuño, o estructurales, se verán apoyadas por otras de naturaleza fiscal, si bien estas pierden parte de su protagonismo en la concepción de la innovación que defendemos. Así, pretendemos estudiar la posibilidad de reducir el IVA de aquellos productos y servicios relacionados con la actividad científico-tecnológica; una nueva ley de mecenazgo (como mencionamos anteriormente), etc.

¿Qué aspectos entiende que deben ser abordados de forma inmediata?
Es fundamental introducir desde el primer momento un nuevo marco de colaboración público-privada que favorezca la entrada de capital en proyectos de innovación; también son necesarias algunas reformas en la política fiscal que afecta a las pymes junto con otras medidas incentivadoras, como una reducción del IVA que se aplica a productos y servicios relacionados con la actividad científico-tecnológica.

 

EDUCACIÓN

Todo sistema de I+D se sostiene en el talento y preparación de sus recursos humanos. También en España, aunque hay coincidencia en señalar un déficit significativo en los mecanismos para integrar a investigadores formados en el país en nuestro propio sistema.

¿Impulsaría su partido un mecanismo de retorno para que investigadores en formación que han cursado su doctorado o han efectuado una etapa posdoctoral en un centro de prestigio extranjero dispongan de una oportunidad real de integrarse en el sistema español de I+D?
Respondemos a esta pregunta con un sí rotundo. Para afrontar los desafíos que esperan a España en los próximos años necesitamos a todos y a todas. Pero no pretendemos traer investigadores a un páramo inyectando dinero alocadamente, como sugieren algunos partidos pretendidamente serios. Entendemos que lo que hay que hacer para que nuestros investigadores exiliados vuelvan es crear un sistema que les invite a regresar. Esto implica: crear una carrera académica clara y predecible; mejorar los sistemas de financiación, de forma que sean más eficientes, eficaces, y capaces de cubrir la actividad investigadora del retornado; modificar los protocolos de contratación pública para que se adaptan a la European Charter for Researchers, homologándolos a los de nuestro entorno; mejorando la transparencia e independencia de los tribunales de contratación, etc. Se trata, en definitiva, de erradicar todos los males endémicos de nuestro sistema, de sobra conocidos, y que hicieron que muchos de ellos tuvieran que marcharse.

Además, y de forma complementaria, contemplamos la creación de un plan de retorno de expatriados, abierto a todos aquellos que tuvieron que marcharse durante la crisis.

¿Qué medidas concretas pondría en marcha para evitar que investigadores ya formados desempeñen su labor en España con garantías y evitar así su actual estatus de precariedad?
Como apuntábamos en la anterior pregunta, no se trata de tomar decisiones aisladas, sino de plantear una reforma integral y a fondo del sistema. En todo caso, entendemos que las únicas garantías que podemos ofrecer pasan por: a) una propuesta de carrera académica sólida y coherente; b) una oferta de empleo público consensuada con los centros de investigación y universidades que sea consistente e independiente de los ciclos económicos, y c) una financiación de la ciencia, a través de la futura Agencia, igualmente predecible e independiente de los vaivenes de la política. En resumen: previsibilidad y estabilidad.

Por otra parte, apostamos por el fomento de la carrera técnica, desarrollando la carrera de tecnólogo recogida en la Ley de la Ciencia y nunca puesta en marcha por el Gobierno. Aunque debemos reconocer que se está haciendo un esfuerzo en ofrecer financiación para técnicos, creemos que no es suficiente.

En cuanto a la precariedad, entendemos que son inadmisibles ciertas prácticas llevadas a cabo actualmente en nuestros centros de investigación y universidades, que deben ser abandonadas. Nos referimos, y queremos señalarlo explícitamente, a la figura del falso profesor asociado, pero no solo este puesto. Apostamos por dignificar la carrera científica, también económicamente. Los actuales sueldos, sobre todo de personal contratado no funcionario, deben ser revisados. De igual manera, es necesario modificar la actual figura del estudiante/becario en precariedad, pilar imprescindible del sistema de investigación estatal.

 

 

UNIVERSIDAD

De un tiempo para esta parte, crece entre la comunidad científica y tecnológica la idea de especializar las universidades españolas de acuerdo con su tarea principal, de modo que pueda distinguirse, como ocurre en otros países avanzados, entre universidad docente y universidad investigadora, por un lado; o entre universidad generalista o especializada en alguna rama del saber por el otro.

¿Apoyaría su partido una clasificación de este estilo? 
No. Entendemos que el actual sistema universitario español de universidades generalistas, desplegadas por todo el territorio, favorecen la integración local y el acceso a la educación es adecuado. Este sistema puede tener sus fallos, pero desde luego facilita el acceso a la educación universitaria a aquellos sectores de la población que no pueden permitirse enviar a sus hijos a otros lugares de España. Creemos que las universidades deben ser generalistas y compatibilizar docencia e investigación, dos actividades que se nutren la una de la otra y que, por lo tanto, no se deberían desconectar.

«Son inadmisibles ciertas prácticas llevadas a cabo actualmente en nuestros centros de investigación y universidades, como la figura del falso profesor asociado.»

¿Apostaría su partido por una especialización mayor?
Apostamos por un modelo de universidad que dé respuesta a las necesidades de la comunidad, tanto en formación como en investigación, y que asegure la pluralidad de oferta y la excelencia académica. Creemos que la priorización de ciertas áreas puede ser una herramienta eficaz para el desarrollo de sectores de especial interés social, pero esto no debería traducirse en un desequilibrio de la oferta docente universitaria ni de su actividad investigadora.

¿Entiende que la universidad española debe reformarse atendiendo otros criterios?
Desde luego que sí. Nuestras universidades tienen que ser más democráticas, más abiertas, más transparentes, más activas a escala local. Tienen que ser punta de lanza en cuestiones como los derechos de los trabajadores, la conciliación familiar, la paridad de género, o la sostenibilidad ambiental, económica y social. Todo ello implica un cambio no solo legislativo, sino sobre todo de mentalidad institucional. Debe tener una visión y finalidad que se fundamente en el aumento del bienestar común gracias al desarrollo de la investigación, y huir de planteamientos mercantilistas del conocimiento.

Esto por no hablar de las reformas necesarias, y que ya hemos indicado, para eliminar aquellos aspectos de la universidad que pueden dar lugar a abusos: endogamia, convocatorias a medida, tribunales imparciales, entramados opacos de empresas y fundaciones, becas que no lo son, figuras de contratación mal utilizadas, etc. En resumen, introducir los criterios de transparencia, rendición de cuentas y reforzar la meritocracia.

Por otra parte, entendemos que debemos potenciar la relación entre la universidad y la ciudadanía, por lo que vamos a hacer hincapié en las actividades de comunicación científica, apoyando la creación de science shops, modificando la valoración curricular de las actividades de divulgación, potenciando la labor de la FECYT, etc. 

 

 

PRIORIZACIÓN

Desde Europa, también desde España, se han alzado voces autorizadas reclamando una especialización temática con distribución regional. Eso no significa renunciar a ninguna rama del saber, pero sí a potenciar áreas estratégicas a distintos niveles. Alimentación, Salud, Energía, Automoción o Tecnologías de la Información, son algunos de los ejes principales que se están definiendo en Europa.

¿Atendería su partido una distribución temática de este orden?
Entendemos que esta distribución debe partir de un proceso previo de identificación de los problemas y necesidades que preocupan a los ciudadanos, y de aquellas áreas de conocimiento con mayores posibilidades de contribuir a la mejora de su bienestar futuro. Por tanto, y solo entendida de esta forma, puede ser de utilidad designar áreas prioritarias, sin menoscabo de otras que, no siendo tal vez urgentes, siguen siendo necesarias. Concebimos la priorización como una necesidad que debe resolverse desde el nivel de la transferencia tecnológica y la innovación.

Si hubiera lugar, ¿qué área del saber entiende que debería priorizarse para España?
Hay dos por las que, sin lugar a dudas, España debe apostar: las energías alternativas y sostenibles (por el potencial del país en este campo) y la salud. Por tradición, y por existir ya un tejido estable en estos campos, no podemos dejar de lado la industria de la automoción y la química. En el otro polo, el ámbito de las TIC es una de las apuestas de Podemos para su modelo económico: software libre, commons based economy, etc.

¿Apostaría su partido por una especialización de universidades y centros de investigación en territorio español?
Las universidades deben cubrir las necesidades de la comunidad, tanto en formación como en investigación, y asegurar la pluralidad de oferta y la excelencia académica. Como ya hemos dicho, entendemos que se busque potenciar determinadas áreas de conocimiento atendiendo a la realidad social y económica local de cada universidad, pero sin que ello menoscabe el desarrollo de otras áreas de investigación.

En ese sentido, no vemos necesario promover como objetivo la especialización en las universidades y centros de investigación (que por su propia naturaleza ya tienden a adaptarse a las cuestiones de relevancia social), pero sí entendemos que el gran esfuerzo que debe hacerse en materia de transferencia e innovación tecnológica debe estar, sin duda, guiado por criterios que prioricen la capacidad del sector, el impacto social de la actividad y el retorno de las inversiones, entre otros también fundamentales como la cuestión medioambiental.


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