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Revista: El proyecto político para la ciencia


Preguntas con respuesta: análisis a las respuestas del cuestionario remitido por la SEBBM a los partidos políticos

El sistema español de ciencia y tecnología se enfrenta a uno de los momentos de mayor complejidad de los últimos tiempos. A la endémica inestabilidad de su sistema financiero y a una organización que debiera repensarse con el mayor de los consensos posibles, la lentitud en el despliegue de la Ley de la Ciencia y unos recortes presupuestarios que lo retrotraen a mitad de década, arrojan un saldo que solo la inercia en productividad y calidad científica de los últimos años están logrando salvar. Ante la inminencia de unas nuevas elecciones generales, el posicionamiento de los distintos partidos políticos es clave para abordar el futuro inmediato. A ellos preguntamos y desde la revista SEBBM analizamos las respuestas.

  • Redacción SEBBM

F

inanciación, organización, recursos humanos, capacitación científico-tecnológica, innovación, internacionalización o coordinación institucional, son algunos de los grandes centros de debate que planean con mayor o menor intensidad sobre el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Como siempre, no obstante, es la estabilidad financiera la que mayor preocupación suscita. Sobre todo ahora, tras una larga época de recortes que han devuelto al sistema español a un montante de prácticamente una década atrás.

Sobre la estabilidad financiera de unos recursos que históricamente la comunidad científica ha considerado cortos, pivota una parte considerable de la calidad de las aportaciones españolas a la ciencia internacional. También, como es lógico, de ella dependen las condiciones de nuestros científicos, la participación en las tendencias internacionales o la puesta en marcha de proyectos con la suficiente ambición, entre otros muchos aspectos.

Desde distintos foros se sostiene que los resultados que se están generando en la actualidad, que mantienen a España en el pelotón de cabeza mundial respecto a productividad y calidad científica, obedece a la inercia acumulada en años previos a los recortes.

El éxodo de científicos a otros países ante la dificultad de hacerse con un puesto estable de investigador o el descenso en las dotaciones a proyectos, señalan distintas fuentes, pueden acabar haciendo mella en el sistema, de modo que sea muy difícil recuperar los niveles alcanzados.

Todos ellos son motivos más que suficientes para preguntar a las formaciones políticas que concurrirán a las próximas elecciones generales cuáles son sus propuestas para evitar una merma de calidad en el sistema y relanzarlo por encima de la media europea en cuanto a resultados y por lo menos a esa misma media en lo que refiere a inversión con respecto al PIB.

Cuatro de los grandes partidos políticos exponen en estas páginas sus apuestas y estrategias para el sistema español. Se trata del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Convergencia Democrática de Cataluña [en el momento de someterles el cuestionario reproducido en estas mismas páginas respondía aún al nombre de CiU] y el emergente Podemos. Otras tres formaciones, y por razones ajenas a la voluntad de SEBBM, declinaron participar en esta particular encuesta: Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Analizamos, desde la perspectiva de la SEBBM, las respuestas que nos han ofrecido.

 

En busca de la financiación perdida

El inicio de la crisis económica, en 2008, marcó un punto de inflexión para el sistema de ciencia y tecnología español. Tras unos años de progresivos aumentos, que se iniciaron en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, se pasó a una etapa de claro estancamiento para llegar luego un primer tijeretazo al que seguirían varios más. Desde 2010, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la aportación pública al conjunto del sistema no ha hecho más que mermar hasta alcanzar el 1,24 % sobre el PIB al cierre de 2013. Distintos indicadores revelan que esta progresión negativa se ha reproducido en años posteriores. Preguntamos a las formaciones políticas si entienden necesario un plan inversor de choque para romper la dinámica negativa y seguir escalando hacia la media europea.

El PP, el actual partido en el Gobierno, no es partidario de un plan de choque sino «un marco planificado» y un objetivo «realista» a cinco años vista para conseguir un volumen de inversión del 2 %, equivalente a la media actual de la UE. El PSOE, en cambio, sí se muestra partidario de una inyección presupuestaria que en tres ejercicios lleve al conjunto al menos a los niveles previos de 2010, esto es, alrededor del 1,35 % del PIB. 

CiU, no sin lamentar los recortes financieros, a los que opone la política seguida por otros países de nuestro entorno, entiende como necesario un esfuerzo adicional para recuperar las cuotas de inversión en el sistema aunque plantea, al igual que el PSOE, la necesidad de alcanzar un consenso social y político lo más amplio posible para dar estabilidad financiera a las necesidades de la I+D+i española. El partido nacionalista catalán aboga por suscribir un Pacto de Estado, idéntica fórmula a la que reclama Podemos. Este último partido fija la recuperación de la inversión en el transcurso de la próxima legislatura y se hace suyo, «desde el realismo», el objetivo europeo del 3 %.

En cuanto a los mecanismos para remontar el presupuesto a una mejor posición, los partidos aportan pocas novedades. El PP fía el objetivo a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y a sus Planes Nacionales. Tras negarlos reiteradamente, admite los recortes al señalar que en 2014 aumentaron «por primera vez en cinco años» y reitera la necesidad de un escenario «previsible» y de estabilidad «al alza».
 

«La Ley de 2011, presentada por la entonces ministra Cristina Garmendia, obtuvo uno de los mayores consensos parlamentarios de la democracia española.»

El PSOE reclama un «marco plurianual de inversión» y determina que el sistema es una «prioridad política» de primer orden. Plantea como prioridad «la recuperación» de los jóvenes investigadores afectados por los recortes que han debido abandonar España y se remite a la Ley de la Ciencia de 2011 como el punto de partida para las reformas «que el sistema necesita». Como se recordará, la Ley de 2011, presentada por la entonces ministra Cristina Garmendia, obtuvo uno de los mayores consensos parlamentarios de la democracia española.

CiU, por su parte, reclama de nuevo la apuesta de un Pacto de Estado y, además de recuperar las dotaciones perdidas, establecer nuevas vías de financiación público-privadas en clara alusión a una Ley de Mecenazgo más propicia. Podemos se sitúa también en el plano del Pacto de Estado al que añade a distintos agentes sociales, además de a los partidos políticos. Aboga también por un plan de choque pero, en su caso, no pasaría por aumentar el monto global presupuestario sino por mantenerlo y eliminar del mismo las «operaciones financieras» o, lo que es lo mismo, los polémicos préstamos sobre los que se financia parte del sistema.

 

Una Agencia en ciernes

Si en algo está de acuerdo gran parte de la comunidad científica española es en la necesidad de un instrumento estable e independiente desde donde se gestione la financiación del sistema público de ciencia y tecnología. Los partidos políticos también parecen estar de acuerdo con esta necesidad, por otra parte ya prevista en la Ley de la Ciencia de 2011. De acuerdo con las distintas fuentes consultadas, ese instrumento es la reclamada Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuya fórmula está ya redactada.

Que sea o no una realidad depende, en el momento de redactar este artículo, de las precisiones del Ministerio de Hacienda, que es el órgano encargado en última instancia de dar por buena la dotación presupuestaria de la AEI y sus mecanismos. Algunas fuentes consideran que su aprobación, y por consiguiente su previsible puesta en marcha, podría estar lista para el final de la presente legislatura. De confirmarse, se activaría cuatro años después de haber sido prevista por el anterior gobierno con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias del momento.
 

«Hay coincidencia entre los científicos en reclamar de la Agencia que sea un instrumento que garantice la estabilidad presupuestaria y su independencia, de modo que los vaivenes de la política dejen de ser una injerencia para el sistema.»

Más allá de su activación, sin embargo, hay coincidencia entre los científicos en reclamar de la Agencia que sea un instrumento que garantice la estabilidad presupuestaria y su independencia, de modo que los vaivenes de la política dejen de ser una injerencia para el sistema.

Es en este marco que CiU plantea de nuevo la necesidad del mayor consenso para que la AEI gane en «credibilidad y prestigio» a partir de la «participación» del «colectivo científico», mientras que el PSOE no se recata en exigir que no sea «un simple cambio de nombre» a una estructura ya existente. El partido socialista entiende que se trata de una oportunidad para una «auténtica transformación» del sistema siempre que se garantice su autonomía y una «financiación suficiente y sostenida». A esos criterios, Podemos suma mecanismos «de transparencia» en la gestión, introducir fórmulas de evaluación y de rendición de cuentas y un presupuesto plurianual «independiente de los ciclos económicos».

El Partido Popular recuerda que, en cualquier caso, la futura Agencia va a ser un órgano dependiente del Gobierno, por lo que es esperable que su presidencia la ostente un cargo político. Ello no es obstáculo para que la dirección sea acorde con las necesidades, según el PP. «La Agencia tendrá un director, que será un científico», asegura en su respuesta al cuestionario de la SEBBM.

No aclara, sin embargo, si ese director científico deberá ser o no funcionario, lo que restaría posibilidades a contrataciones internacionales o a la incorporación de personalidades de reconocido prestigio ajenas al sistema funcionarial. Tampoco deja claro si el modelo va a ser independiente o va a recibir presupuestos plurianuales, aunque sí confía en que «se optimice este nuevo modelo de financiación para la ciencia». Habrá que esperar un tiempo prudencial para ver cómo se materializan los planes del PP al respecto, algo que el PSOE pone en duda. Achaca a la formación de Mariano Rajoy falta de compromiso y el incumplimiento reiterado de la previsión expresada en la Ley de la Ciencia, mientras que el PP achaca el escaso consenso en su puesta en marcha a la «falta de interlocutores».

 

La gran ciencia

De unos años para esta parte, en particular durante la última docena, España ha conseguido situar grandes instalaciones y centros de investigación en el mapa internacional de la investigación de excelencia. De este modo, se ha conseguido corregir uno de los déficits históricos que impedía participar con personalidad propia de las grandes tendencias científicas de cada momento.

El acierto en la apuesta se ha traducido en plataformas de altísimo nivel como el Sincrotrón Alba, el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) o el Centro Nacional de Genotipado, por citar unos pocos. Todos compiten en igualdad de condiciones en el marco internacional y algunos se han posicionado plenamente como líderes europeos, lo cual implica estar en la élite mundial.

Algo muy parecido podría decirse de los Centros de Excelencia, nacidos mayoritariamente en este último período (muchos están celebrando se décimo aniversario en 2015) bajo la estela de nuevas formas de gestión y organización que les dota de flexibilidad y agilidad.

En este lapso de tiempo, los centros de nuevo cuño, todos alejados del modelo funcionarial, han conseguido lo que previamente era un sueño: publicar con regularidad en las grandes revistas científicas con todo lo que ello implica, ser protagonistas de los avances en ramas estratégicas de futuro y, por tanto, tener derecho a un reconocimiento en forma de retornos económicos competitivos a la espera de que los modelos de transferencia e innovación empiecen a dar frutos.

Desde el Gobierno se está reconociendo esta labor con las acreditaciones del Programa Severo Ochoa, integrado en la actualidad por 20 centros de un total previsto inicialmente cercano a la cuarentena. Fuentes del Gobierno no solo aseguran la continuidad del programa sino que lo han abierto a unidades de menor tamaño a través del programa María de Maeztu para premiar la excelencia en departamentos o institutos universitarios, además de otras estructuras.

«Los centros de nuevo cuño, todos alejados del modelo funcionarial, han conseguido lo que previamente era un sueño.»


Todas las formaciones políticas consultadas aplauden la iniciativa de los Severo Ochoa y el impulso dado a las grandes instalaciones, pero discrepan en cuanto al modelo instaurado y las previsiones de futuro. CiU demanda que se asegure que estos centros van a contar con los recursos «suficientes» para su viabilidad al tiempo que insiste en que se les reconozca su capacidad para la atracción de talento y de recursos económicos. En términos similares se expresa el PSOE, aunque lamenta el exceso de «burocracia instaurada» y otorga a la futura Agencia Estatal de Investigación un papel relevante en este sentido. El PP apuesta por la continuidad y abrir aún más la incorporación de centros y unidades de investigación al marchamo de calidad.

Donde mayor discrepancia se observa es en la necesidad de nuevas instalaciones. El más reticente es Podemos, que entiende que «no es el momento» de crear nuevos centros de investigación ni plataformas científico-tecnológicas de orden internacional. El PP se posiciona justo en el extremo contrario y anuncia su interés por los «telescopios Cherenkov» en Canarias. El PSOE también se muestra partidario de nuevas instalaciones aunque no especifica cuáles.

En el debate, y también en el cuestionario, ninguno de los partidos políticos menciona como centros de investigación de excelencia a los institutos biomédicos que se están configurando alrededor de los grandes hospitales de referencia españoles. Aunque buena parte se están posicionando en la élite europea por sus aportaciones en investigación clínica y preclínica, cuando no básica, se sigue manteniendo a estos centros de nuevo formato como un capítulo aparte que debe financiarse y obtener acreditación de calidad partiendo de parámetros sanitarios cuando la tendencia internacional sea considerarlos cada vez más próximos a un centro de investigación con área asistencial integrada.
 

Recetas sin consenso

 

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ocas cosas están tan claras desde los partidos políticos como la necesidad imperiosa de revisar profundamente los mecanismos y estrategias de innovación para que España consiga dar un salto cualitativo. Como es sabido, el sistema de innovación español se muestra invariablemente lejos, de media, de los países avanzados. Y mientras algunos países se atreven con reformas e incentivos y de esta forma logran transformar sus economías, España acumula fracasos sin paliativos en esta área.

No en vano, puesto más arriba, puesto más abajo, la posición española en las clasificaciones mundiales se sitúa siempre cerca del puesto 40 y en el 19 si lo vemos desde la perspectiva europea. Y si los fracasos en las propuestas se suceden, las recetas que se proponen son todas ellas dispares. No hay consenso salvo en la necesidad de abordar el problema. Lamentablemente, poca innovación se aprecia en el análisis de la innovación.

El PP admite el problema sin resquicio para la duda. «Para conseguir avanzar en innovación debemos abordar muchas variables y hacer muchos cambios», asegura su voz autorizada. Entre los cambios, sugiere revisar el concepto de I+D+i, de modo que sea considerado un continuo, «un bloque», de acuerdo con las líneas maestras del programa Horizonte 2020. Para conseguirlo, insiste en la necesidad de una financiación adecuada, la generación de talento y el apoyo a la movilidad, además de un nuevo marco fiscal. La colaboración público-privada y la potenciación del CDTI son, entre otros, los instrumentos a emplear.

El PSOE habla del «fomento de la innovación», pero su mensaje apenas va más allá. Del mismo modo que el PP parece haberse olvidado del tiempo que ha tenido durante la presente legislatura para acometer los cambios que tilda necesarios, el principal partido de la oposición no aporta apenas nada al debate.

Tampoco CiU aprovecha la ocasión salvo para resaltar lo que ya es conocido, la brecha que nos separa de los países avanzados y la importancia de este concepto para la competitividad del sistema económico y productivo. Señala, eso sí, el papel de los centros tecnológicos como instrumento y favorecer la participación en consorcios y proyectos europeos.

Podemos se diferencia del resto con su propuesta de «red de transferencia tecnológica» y un énfasis en las empresas de base tecnológica. Reclama un papel mucho más activo de las estructuras estatales de I+D+i, nuevas fórmulas de financiación, realzar el papel del CDTI y, de nuevo, un marco fiscal adecuado.

 

El mecenas que no llega

El mecenazgo en ciencia está considerado en muchos de los países de nuestro entorno un mecanismo más de financiación. Eso no ocurre en España o, al menos, no en la medida de lo que cabría esperar.

Aciertan desde Podemos cuando lamentan que la actual Ley de Mecenazgo, de 2002, no supone un avance significativo para favorecer, y regular de forma adecuada, las donaciones del sector privado al sistema público de ciencia y tecnología. Un lamento que se hace extensivo a la falta de incentivos para promover la donación y, en última instancia, la colaboración público-privada.

El diagnóstico es compartido por el PSOE, aunque introduce un matiz necesario: en ningún caso las donaciones deben ser la base de la financiación pública ni el eje de participación del sector privado, pero si un útil complemento que tenga «reconocimiento fiscal», pero también social. El PSOE reivindica una «cultura del mecenazgo» inexistente, salvo excepciones notables, en España en el ámbito científico. 

CiU no anda lejos de este posicionamiento y plantea los modelos europeos y anglosajones como espejos para lo que define como «una necesidad». El PP, por su parte, no se moja en este punto y alude a posiciones «diametralmente opuestas» respecto al modelo que impiden alcanzar acuerdos y, mucho menos, ponerle plazos ni siquiera al debate.

 

Buscando apuestas estratégicas

Europa insiste en la necesidad de potenciar áreas estratégicas con el fin de «regionalizar» las apuestas y fomentar una transferencia de conocimiento más eficaz. Alimentación, salud, energía, automoción o tecnologías de la información son algunos de los ejes que se están perfilando en la UE. La pregunta que formulamos a los partidos políticos es si esa estrategia tiene sentido para España. Y todos, con matices, vienen a coincidir en que es una cuestión que se puede considerar.

El PP señala que «ya se ha hecho» de acuerdo con las comunidades autónomas y el PSOE admite sin tapujos que las grandes prioridades estratégicas internacionales lo son también para España. Con Podemos, el principal partido de la oposición coincide en que la energía, en particular las que configuran el mapa de las renovables, debiera constituir un área estratégica de país y que salud y biotecnología representan ámbitos a los que se debe prestar especial atención.

Tras señalar ambos que la priorización temática no puede ir en detrimento de otras áreas del saber, Podemos plantea las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como su apuesta particular, mientras que el PSOE añade a la lista el sector agroalimentario.

A la pregunta de si este mismo criterio tendría sentido en la universidad, solo el PSOE se manifiesta en positivo. Su iniciativa de Campus de Excelencia, indica, iba en esta línea.
 

Capítulo aparte

 

S

i en algo se ha distinguido la legislatura que cerramos es el archisabido recorte en educación y en todos sus niveles. De ellos, dos interesan especialmente —interesan todos, por supuesto— por su relación directa con el sistema de ciencia y tecnología: los recursos humanos del sistema, esto es, el personal investigador, y la universidad.

«El personal investigador y técnico es una prioridad para el Gobierno», señala tajantemente el PP. Como muestra, el incremento «importante» de las ayudas concedidas durante 2014. Entre sus prioridades destaca la de «consolidar la carrera investigadora» y cita la vía del programa Ramón y Cajal como método a consolidar en paralelo a la carrera funcionarial. 

Poca concreción en el partido del Gobierno a la pregunta de cómo favorecer, si es que se debe, el retorno de investigadores que desempeñan su labor en laboratorios de calidad de todo el mundo. El PSOE concreta mucho más y cifra su iniciativa para el retorno de unos 10 000 investigadores en 1500 millones de euros en cuatro años. La aplicación de esta medida la califica de «necesidad urgente».

«De los recortes en educación, dos interesan especialmente por su relación directa con el sistema de ciencia y tecnología: los recursos humanos del sistema, esto es, el personal investigador, y la universidad.»

Regularidad, estabilidad y previsibilidad, son las palabras que acompañan su mensaje al referirse a contratos, convocatorias y demás actuaciones vinculadas con los jóvenes investigadores. La futura Agencia Estatal de Investigación, señala, debería jugar un papel en esta área..

En la misma línea se expresa Podemos, aunque matiza de inmediato con la necesidad de crear un sistema que sea atractivo para el retorno de los investigadores «exiliados». Una carrera profesional «predecible», sistemas de financiación «eficaces» y mecanismos de contratación pública revisados, son algunas de sus propuestas, entre las que hacen mención explícita a las destinadas a combatir la precariedad de los investigadores..

CiU, por su parte, no responde a estas cuestiones, tal vez porque quedan lejos de sus atribuciones en el marco autonómico, como tampoco contesta a las que hemos incorporado en el cuestionario con respecto a la universidad. Sorprende la falta de respuesta, no obstante, por haber sido este partido un firme defensor de modelos de contratación para la atracción de talento internacional de reconocido éxito. El principal de ellos es el modelo ICREA.

El resto de partidos sí responde a las cuestiones relativas a la opción de disponer de universidades especializadas, docentes o investigadoras. Podemos se inclina claramente por el modelo actual de universidad generalista que combina docencia e investigación. Su argumento principal es el de facilitar el acceso universitario a capas de población mucho más amplias, aunque reconoce la necesidad de revisar su estructura y planteamiento para mejorar la enseñanza universitaria. Y en cuanto a la especialización temática, la acepta siempre y cuando no genere desequilibrios.

El PSOE tampoco acepta la dicotomía entre universidades docentes e investigadoras, sino que defiende su complementariedad, del mismo modo que Podemos. Defiende, de igual modo, la especialización en ámbitos del saber y aboga por un marco de flexibilidad que las libere de «reformas generales».

El PP, por su parte, señala que durante la presente legislatura han «intentado homologar» el sistema universitario al de «los países líderes» en los Informes Pisa. Tras tildar los debates abiertos con este fin de «dignos del siglo XIX», no entra a valorar la especialización. «Nos llamarán elitistas o cosas peores», aduce el representante del PP en la encuesta.


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