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Otra universidad es posible

La universidad española en su conjunto reclama, desde hace años, profundas reformas que la permitan alcanzar cotas de competitividad y excelencia de las que ahora mismo adolece. Órganos de gobernanza, especialización, selección de personal docente e investigador o mecanismos de financiación más eficientes son, entre un largo etcétera, algunas de las demandas que plantean expertos conocedores del entorno universitario. La opinión más contundente ha surgido del grupo de expertos que ha librado sus propuestas al Gobierno español. Pero no son las únicas.

  • Xavier Pujol Gebellí

E

l manejo de la universidad española no alcanza el consenso necesario para abordar una reforma que es cuanto menos necesaria. Si entre los expertos que han contribuido a lo largo de estos tres últimos decenios fuese posible encontrar puntos de encuentro, especialmente en lo que refiere al diagnóstico, aunque menos en la terapia, no es esta la posición entre quienes deben tomar la decisión y ejecutarla, esto es, el Ministerio de Educación y, en menor proporción, las comunidades autónomas.

La falta de consenso se refleja en las cifras: al menos media docena de informes de expertos, en alguno de los cuales se ha invitado a participar a expertos internacionales, han visto la luz en un lapso de veinte años. En todos ellos hay coincidencias reseñables que se resumen en la puesta en duda de los sistemas de gobernanza, de los mecanismos de selección de personal, de la financiación y, este último de reciente consideración, de cómo se vinculan los resultados en forma de publicaciones, patentes o proyectos.

El resultado, por el momento, no dista demasiado de lo que ocurre con la evaluación del sistema español de ciencia y tecnología: abundan los diagnósticos, en muchos aspectos coincidentes, pero se yerra de forma contumaz en la terapia. Aunque pueda haber propuestas coincidentes entre los grupos de expertos que han redactado los distintos informes a lo largo de los años, su ejecución no ha alcanzado nunca los resultados apetecidos y la universidad española, en su conjunto, sigue anclada donde siempre: con rectores a los que se discute el liderazgo, una financiación a todas luces insuficiente y con tendencia a menguar, una endogamia que se antoja imposible de combatir, y una calidad global insuficiente para competir en los ranking internacionales. A día de hoy, ninguna de las universidades españolas consta en posiciones avanzadas en ninguna de las clasificaciones de prestigio. Y lo peor de todo es que no se espera que la situación cambie en el corto o medio plazo.

En busca de un modelo

En lo que coincide todo el mundo es que la universidad, entendida como el medio centenar de instituciones públicas y las 30 privadas, debería ser el sostén para el ansiado cambio de modelo productivo, de un lado, y de formación de capital humano, del otro. Eso significa, en esencia, disponer del mejor personal docente e investigador que sea posible, y de los criterios organizativos, amén de la infraestructura y la financiación que lo hagan posible, aspectos que, con variantes, se recogen en todos los informes elaborados por expertos. Si esto es así, debería ser posible avanzar hacia un modelo consensuado, pero la realidad es que la actual legislatura acabará, muy probablemente, con una nueva reforma universitaria, la cuarta desde los inicios de la democracia.

El último de los informes elaborados, que lleva por título Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, redactado por un grupo de nueve expertos bajo la presidencia de la bioquímica María Teresa Miras de Portugal, es clara al respecto. Reconoce la contribución de la universidad a la sociedad, pero, además de los problemas estructurales citados anteriormente, lamenta la escasa presencia de investigadores; la duplicidad de titulaciones, que implican falta de diversidad y de especialización; las consideradas “malas prácticas” de contratación, que no evitan la endogamia; el exceso de burocracia; y la ausencia de evaluación externa.

Para cambiar esta dinámica, el grupo de expertos, formado por José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol y Matías Rodríguez Inciarte, Oscar Alzada y Mariola Urrea,* propone nuevos sistemas de contratación que combine personal funcionario (mediante oposición pública y abierta internacionalmente) y contratado (de acuerdo con criterios de competitividad excelencia); otorgar un papel determinante a la investigación como mérito para la contratación y el acceso a puestos de responsabilidad; reescribir los órganos de gobierno, desde los claustros al rectorado, para que fueran más eficaces; abrir la puerta a la especialización, lo que supondría revisar las titulaciones; y sobre todo garantizar una financiación suficiente que se acerque tanto como sea posible al 3% del PIB (en la actualidad se sitúa alrededor del 1,2%, con tendencia a la baja).

Un punto más de partida

El documento elaborado por el grupo de expertos presidido por María Teresa Miras de Portugal es, según el Ministerio de Educación, “el punto de partida” para acometer la nueva propuesta de reforma universitaria. El texto de referencia tiene antecedentes notables.

Entre ellos, el conocido como «Informe Bricall, Universidad 2000», encargado por la Conferencia de Rectores de Universidad de España (CRUE) y que apenas fue tenido en cuenta para la reforma que preparaba el Gobierno. Posteriormente, se publicaría un informe solicitado a la OCDE (2008); y todavía otro encargado a un grupo de expertos internacionales que se haría público en 2010 con el significativo título de “Audacia para llegar lejos”. En paralelo, los años 1995, 2007 y 2010 saldrían a la luz informes para la reforma de la financiación universitaria que tomarían en consideración diversas propuestas de mejora estructural.

En todos los casos, y pese a las promesas de los respectivos gobiernos, el peso de los informes en los procesos de reforma ha sido más bien relativo. Y cuando lo han tenido, ha sido la financiación el principal freno para el impulso de las propuestas de mejora. Algo que podría repetirse en la actual ocasión dadas las dificultades obvias de que el Gobierno autorice un mayor presupuesto para la universidad española.

El conjunto de propuestas pretenden preservar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Entre el paquete de medidas que propone al ministerio encabezado por José Ignacio Wert, destacan las siguientes:

Personal docente e investigador

El informe propone una doble vía de acceso a la universidad para profesores titulares y catedráticos. Por una parte, un sistema de concursos similar al ya existente, aunque se exige una acreditación previa; la segunda vía es la contratación directa de acuerdo con los criterios establecidos por cada campus. Esta segunda vía mantendría el tope legal del 49% de profesores contratados en las universidades públicas, aunque posibilitaría el acceso a posiciones permanentes regidas con criterios similares al tenure track de las universidades estadounidenses. Con esta fórmula, argumentan los expertos, podría combatirse con mayor eficacia la actual tendencia a la endogamia, máxime si el proceso se abre a profesores e investigadores de otros países. Del mismo modo, argumentan, podría ganarse en competitividad al entrar en dinámicas de captación de talento internacional.

Gobernanza

Los expertos proponen un Consejo Universitario constituido por 21 a 25 miembros como máximo. Su función sería elegir al rector, el control de la gestión del propio rector y de otros responsables de gobierno como los directores de centro. También la aprobación de los presupuestos. Su composición vendría marcada por el claustro de la universidad (50%), la comunidad autónoma (25%) y personas de “reconocido prestigio internacional”, cuyo nombre sería consensuado. Estos dos últimos aspectos no parecen, sin embargo, del gusto de todos, puesto que abre la puerta a la injerencia política o al establecimiento de grupos de presión ajenos a los intereses de cada universidad.

En cuanto al rector, el mandato se establecería en cinco años en lugar de los cuatro actuales, y podría optar a la plaza cualquier académico de cualquier universidad, incluidas de otros países, en lugar de ser de la propia universidad. El rector elegido, que debería acreditar su “excelencia”, tendría plenos poderes para nombrar a su equipo, así como a responsables de facultades, centros o institutos.

Con la nueva fórmula se espera ganar en agilidad y eficacia, al tiempo que se otorga al rector un poder mucho más ejecutivo que el que tiene en la actualidad. No obstante, existe el temor a una pérdida de representatividad lo que, traducido, sería el equivalente a una “pérdida de democracia”.

Finalmente, los expertos recomiendan reducir el número de integrantes en los claustros de los hasta 300 miembros actuales a un máximo de 70. La recomendación se hace extensiva a los distintos órganos de gobierno.

Financiación

La principal recomendación de los expertos es vincular al menos un 20 o un 25% de la financiación de cada universidad a resultados de investigación y docencia. En esencia, la propuesta implica pasar a regirse de acuerdo con los criterios que se establecen en los principales rankings académicos internacionales y orientar tanto los parámetros de investigación como los docentes a la consecución de valores mucho más altos que los actuales. Por tanto, marcar como objetivos la mejora de la calidad de las publicaciones de resultados de investigación, establecer más y mejores sistemas de protección de la propiedad intelectual (que pasa por incrementar las patentes y su aplicabilidad), y reforzar los criterios de docencia.

Ninguna de estas acciones, opinan los expertos, puede materializarse en un escenario marcado por los recortes debidos a las políticas de austeridad. En este sentido, reclaman una mayor inversión pública, al tiempo que plantean abiertamente la entrada de capital privado.

Las mejoras de financiación, acompañadas de una gestión más eficiente, deberían permitir más y mejores accesos a proyectos competitivos, especialmente en Europa, la recuperación de marcas como los extintos campus de excelencia y el fomento de la movilidad tanto nacional como internacional. A día de hoy, las becas Séneca se han eliminado y la aportación española a las becas Erasmus ha caído un 75%. Asimismo, se recomienda que haya complementos salariales ligados a la productividad conjunta de todo un grupo o de todo un departamento.

Diversidad y especialización

La comisión de expertos en su análisis sostiene algo que en los últimos años ha pasado a ser una opinión recurrente: ni se puede ser bueno en todo ni se puede ofrecer de todo. Es decir, para los expertos, y para un buen número de académicos, parece un sinsentido que la oferta de titulaciones sea tan uniforme en todas las universidades españolas ni que se pretenda despuntar al máximo nivel en todos los campos de investigación.

La propuesta es, pues, repensar qué titulaciones se ofrecen y qué líneas de investigación son las pertinentes, una reflexión a la que invitan a cada campus respetando siempre el principio de accesibilidad territorial.

«''''Ni se puede ser bueno en todo ni se puede ofrecer de todo''''. Es decir, para los expertos, y para un buen número de académicos, parece un sinsentido que la oferta de titulaciones sea tan uniforme en todas las universidades españolas.»

El texto de los expertos no descarta, como ya ocurre en otros países, la existencia de universidades focalizadas en determinado ámbitos del saber o, cuanto menos, con líneas de docencia prioritarias que puedan exhibir como su principal fortaleza. Incluso acepta universidades dedicadas mayoritariamente a la docencia, en el bien entendido de que prime la excelencia.

El mismo principio sería aplicable a la investigación, un campo en el que ya se están dando tímidos avances hacia una cierta especialización. Los expertos entienden que en el entorno actual de competitividad y globalización, hay que aceptar universidades cuyos departamentos, centros o institutos, ganen potencial investigador y, con ello, ganen en prestigio internacional.

Endogamia

Uno de los mal es históricos de la universidad española es el exceso de endogamia, sin duda posibilitada, cuando no fomentada, según se ha denunciado reiteradamente, por fórmulas de acceso en las que los méritos no siempre han sido el valor mejor ponderado.

Según datos oficiales, actualmente hay 51 101 profesores funcionarios, y otros 50 000 contratados mediante distintas fórmulas, entre las que sigue existiendo la del “interino”. Para los primeros se exige una acreditación (otorgada por la ANECA) en la que se reconocen los méritos. El informe propone convocar un número limitado de plazas acreditadas de acuerdo con las necesidades de cada campus y resolver el exceso de candidatos, si los hubiere, mediante distintos procesos de exámenes, una fórmula que se había abandonado.

Para limitar la endogamia, se recomienda que los aspirantes sean de otras procedencias o, siendo de la misma universidad a la que aspira, haya cursado estudios en otras instituciones, nacionales o de otros países.

Nota

* Oscar Alzada y Mariola Urrea presentaron un voto particular sobre este informe. Véase www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/02/20130215-comisionexpertos.html


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