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Revista: El Sistema de Ciencia y Tecnología


Perspectivas actuales de la política científica y de la financiación de la I+D

La financiación competitiva debe servir sobre todo para marcar la diferencia, para financiar significativamente a los mejores, con instrumentos potentes, no para otorgar subsidios mínimos per capíta, que apenas cubren las participaciones en los congresos internacionales. La política científica no está para cubrir esos mínimos.

  • Luis Sanz Menéndez

  • Profesor de Investigación del CSIC Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) Expresidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de OCDE (2007-2015)

La financiación de la investigación y de la ciencia por parte de los Estados, a través de diversos canales, viene de antiguo, pero no fue hasta principios de los años sesenta cuando se consolidó el concepto moderno de “política científica”. Si bien en los años treinta, en Reino Unido, hubo antecedentes con los debates públicos entre John D. Bernal y Michael Polanyi y, posteriormente, en Estados Unidos entre Vannevar Bush y el senador Kilgore, lo cierto es que el momento fundacional se lo debemos a Edward Shils, y al propio Michel Polanyi, Alvin Weinberg o Stephen Toulmin y sus trabajos en la revista Minerva; inmediatamente después la OCDE, con las contribuciones de Alexander King, Pierre Piganiol, Chris Freeman o Harvey Brooks entre otros, contribuyó a institucionalizar y difundir la práctica de la política científica.

 

Shils definió en 1968, de modo operativo, la política cientí- fica como “el esfuerzo deliberado de influenciar la dirección y la tasa de desarrollo del conocimiento científico por medio de la aplicación de recursos financieros, dispositivos administrativos y educación y formación, en tanto que todos ellos sean afectados por la autoridad política”. La política científica nacía de una tensión esencial entre la “elección” por parte de los científicos de sus objetos (y métodos) de investigación y la “selección” de prioridades nacionales para la ciencia, por parte de las autoridades políticas.

 

Parecía olvidarse que la investigación y la instituciones que la desarrollaban (universidades o centros públicos de I+D) ya eran financiadas por los Estados; entonces se asumía la diferencia entre la investigación en la universidad, en un contexto de “libertad académica” y la investigación en los “laboratorios gubernamentales”, donde se desarrollaban misiones y prioridades nacionales.

 

Las políticas científicas de los países responden a modelos que han sido institucionalizados en coyunturas críticas. En España el periodo fundacional de la política científica moderna se dio a mediados de los años ochenta, cuando se aprobaron los marcos normativos fundamentales (Ley de Universidades, Ley de la Ciencia, etc.) que determinaron el cambio y los nuevos incentivos de los actores. Entonces se definió el modelo básico sobre el cual operaría la financiación competitiva de la ciencia en las siguientes décadas: El Plan Nacional de I+D. Pero el Plan y la financiación competitiva no son toda la Política Científica, incluso podría decirse que no es la parte más importante. Es cierto que, con frecuencia, pensamos en la política científica de modo reduccionista y olvidamos, o damos por sentado, el resto “de los dispositivos administrativos” del sistema.

 

La financiación competitiva, ya fuese para la promoción general del conocimiento o para el desarrollo de actividades priorizadas, se institucionalizó entonces para romper la cadena de autoridad administrativa en las viejas organizaciones de investigación y otorgó el poder a la comunidad científica; entonces se crearon procedimientos y prácticas de evaluación que se asociaron con etiquetas, como la de la ANEP, que simbolizaron la autonomía de la comunidad científica; surgieron también otras herramientas (la CNEAI) para diferenciar, recompensar e incentivar las publicaciones internacionales, etcétera.

 

Desde entonces, los cambios en el modelo institucionalizado de la política científica se han producido por medio de la agregación de nuevas dimensiones y nuevas organizaciones de investigación; la mayoría de las innovaciones han sido resultado de la irrupción de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en la financiación y operación de instituciones de I+D y en la supervisión de las universidades. Hoy el sistema español, ha devenido uno de los más complejos (y heterogéneos) de Europa, con diversos niveles políticos fijando pautas a veces contradictorias y con actores respondiendo a variados incentivos, y desarrollando prácticas de investigación crecientemente divergentes.

 

A pesar de esto, en el imaginario de la comunidad científica la financiación competitiva de la I+D, el Plan Nacional de I+D, ha continuado siendo la política científica con mayúscula, obviando aspectos centrales de la esencia de la política científica como son: la calidad institucional de las entidades que financian la investigación y sus procedimientos de operación; la apropiada selección del personal docente e investigador y la gestión de carreras donde el mérito, la internacionalización y la excelencia sean los criterios de selección; el buen gobierno de las universidades y los centros públicos de I+D y su capacidad de responder a las necesidades de la sociedad; o la necesidad de consolidar y extender las buenas prácticas de gestión de la I+D desarrolladas en algunos centros de nuevo cuño al conjunto del sistema.

 

 

LA FINANCIACIÓN COMPETITIVA DE LA INVESTIGACIÓN

Hoy la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013-2020) define un marco acordado entre la Administración General del Estado (AGE) y las CC.AA. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (I+D+i), en revisión para el periodo 2017-2020, representa un esfuerzo por ordenar la mayoría de los recursos competitivos que asigna el Gobierno central a la I+D, tanto a entes públicos como a empresas. No podemos olvidar que, en términos comparativos, la mayor debilidad de nuestro sistema de investigación es la baja inversión privada en I+D, el débil tirón de la demanda de conocimiento y de personal altamente cualificado, lo que dificulta la transformación del conocimiento en riqueza. 

 

Por otro lado, el Plan Estatal no incluye explícitamente aspectos clave de la política científica, como son la Oferta de Empleo Público destinada a los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) del Estado, u otros dispositivos administrativos esenciales para el buen gobierno de la I+D.

 

El nuevo Plan Estatal (2017-2020) debería servir para guiar y orientar las actuaciones que ejecutará la nueva Agencia. Sin embargo, afronta muchos desafíos: La financiación a niveles razonables, la estabilización de las convocatorias, su significativa reducción en número, la simplificación del procedimiento de solicitud y concesión, la disminución radical de los plazos de gestión, especialmente en los programas de recursos humanos.

 

La financiación competitiva del Estado no debería reemplazar a la financiación basal que las instituciones deberían garantizar a los investigadores, si gestionasen razonablemente sus presupuestos. Instituciones responsables, que disfrutan de niveles de autonomía de gestión como las universidades, no pueden dedicar todo su presupuesto a contrataciones y plazas (el peso del Capítulo 1 en algunas universidades españolas es reflejo de una conducta preocupante), y luego no facilitar a sus empleados los mínimos medios para desarrollar la actividad de investigación para la que están empleados.

 

La financiación competitiva debe servir para marcar la diferencia, para financiar significativamente a los mejores, con instrumentos potentes, no para otorgar subsidios mínimos per capíta, que apenas cubren las participaciones en los congresos internacionales. La política científica no está para cubrir esos mínimos y no debería centrase en resolver los problemas que crean las prácticas irresponsables de algunas instituciones. El modelo de la política de financiación competitiva de la ciencia debería tener pocos instrumentos, potentes y alinearlos de forma coordinada: financiación de centros de excelencia; financiación de proyectos de excelencia (dirigidos por un IP) o destinados a afrontar retos; financiación de recursos humanos (pre, post y post sénior) que deberían integrase en los otros dos instrumentos anteriores, dado que no es razonable esperar que buenos estudiantes tengan una buena formación en centros de I+D que no sean excelentes. La política de ciencia debe diferenciar, reforzar y visibilizar los resultados de los mejores. Concebir la política de ciencia como una política distributiva o redistributiva para igualar, sobre niveles bajos de exigencia, es un error y un autoengaño que nos deja, a todos, en zonas de confort, pero que nos hace extremadamente insolidarios e irresponsables frente a las demandas de los ciudadanos.

 

LOS EFECTOS DE LA CRISIS

La crisis financiera y presupuestaria que se desató en España y que llevó a una caída brutal de los ingresos y a un endeudamiento público creciente, ha conducido a un significativa reducción del esfuerzo público (en ciencia, como en otras áreas de la política pública), tanto en las transferencias directas a OPIS y universidades, como en los fondos competitivos de las convocatorias y en la congelación de las plantillas.

 

Aunque se proclama la mejora de la evolución económica, los problemas presupuestarios estructurales, los procedimientos de control extremo del gasto que se han impuesto, y la consecuente burocratización de la actividad de I+D, no hacen previsible que la Administración General del Estado, ni las CC.AA. vayan a aumentar (salvo acuerdo sorpresa de los grupos parlamentarios) los fondos disponibles para la financiación competitiva o para crear masivamente nuevas plazas de investigador. Sin embargo, sí que se debería y se podría fomentar la puesta en marcha de reformas y cambios institucionales.

 

El centro de la política científica real de los próximos años (en términos de impacto a largo plazo) estará en las nuevas plazas que se convoquen en universidades y OPIS, tras el fin de la congelación de las tasas de reposición; cómo gestione cada universidad y OPI esta renovación y qué hagan las administraciones de tutela, con estos nuevos recursos y cómo se seleccione el mejor talento disponible será decisivo para el futuro. Por ejemplo, considerar la acreditación ANECA como el mérito suficiente para la obtención de una plaza, como se evidencia en los criterios de evaluación que algunas universidades han establecido, no es la mejor práctica; además, el cierre efectivo de las convocatorias a los externos y el reforzamiento de la endogamia son una pésima noticia en un momento en que las instituciones punteras son cada vez más abiertas y establecen unos estándares de contratación basados en las buenas prácticas del “Código y Carta” de los investigadores y en la HRS4S.

 

LA REFORMA DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS DE I+D

En este contexto, la reforma y reorganización de las instituciones de investigación dependientes de la AGE es un asunto central. El futuro del CSIC y de los OPIs en el sistema de investigación exige una reflexión especial.

 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sigue siendo, por presupuesto, plantilla y producción científica, la mayor institución científica de España. Tras un crecimiento exponencial de sus recursos, entre 2005-2009, el CSIC sufrió los efectos de la reducción radical de las transferencias directas desde Ministerio de Ciencia e Innovación, que le llevaron a una crisis de tesorería sin precedentes en el verano de 2013 y que hizo se hablase del “rescate del CSIC”. 

 

La crisis, la reducción de las transferencias directas y la casi congelación de las plazas del CSIC y los OPIs en estos años ha hecho visibles los déficits de la gobernanza de estas instituciones y han planteado los desafíos que enfrentan para sobrevivir y adaptarse. En el CSIC, como en las universidades, los efectos de los recortes presupuestarios se han distribuido muy desigualmente y afectan a la supervivencia de la organización. Las decisiones adoptadas han servido sobre todo para proteger a los investigadores funcionarios, favoreciendo la salida de los jóvenes talentos, por lo que ahora el CSIC tiene que afrontar un problema de envejecimiento de su plantilla, un vacio generacional y una falta de horizonte estratégico. Además el CSIC, como consecuencia de la creciente centralización de las decisiones, ha reforzado extraordinariamente el control administrativo y la burocratización interna, sometiendo la investigación a la administración y no poniendo esta al servicio de la investigación. Al mismo tiempo, la autonomía y la discreción de los investigadores es completa. El CSIC, con unos 120 institutos repartidos por toda España, casi el doble que la Sociedad Max Planck si bien esta tiene tres veces más presupuesto y el doble de investigadores y plantilla, tiene un problema serio de estructura organizativa, de gobierno científico y de heterogeneidad interna. La aplicación de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) al CSIC y a los OPIs plantea un futuro poco prometedor para las condiciones administrativas que se necesitan para una correcta ejecución de la actividad investigadora. Sin embargo, el CSIC y los OPIs requieren un debate profundo sobre los problemas, las posibles soluciones y los escenarios de una transición que no podemos abordar en este dosier.

 

 

LA AGENCIA, LAS UNIVERSIDADES Y LOS CENTROS DE NUEVO CUÑO

En este dosier hemos seleccionado tres temas para ser tratados por investigadores, con experiencia política y de gestión suficiente, que señalan algunas líneas de actuación: la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, las reformas necesarias en las universidades, así como la necesidad de proteger el espacio de excelencia que se ha consolidado en los nuevos centros de I+D.

 

La construcción de la Agencia Estatal de Investigación

Parece haber un acuerdo amplio en la comunidad científica en que uno de los desafíos centrales de la política científica, si no el más importante, es la puesta en marcha y la consolidación de la Agencia Estatal de Investigación; la transformación e incluso ruptura con las prácticas organizativas de gestión de los programas y convocatorias públicas de financiación de la I+D de los años pasados. Conseguir la estabilización y la predictibilidad de las convocatorias en el calendario, una reducción de los instrumentos, una significativa disminución del tiempo de resolución de las convocatorias, una gestión económica más eficiente, la apertura y transparencia en los procesos de selección de los pares, así como la mejora en las formas de evaluación y revisión de las propuestas, un seguimiento efectivo de resultados e impactos, etcétera, son asuntos vitales para el buen funcionamiento del sistema de I+D. La Secretaría General de Plan Nacional de I+D se convirtió, en los ochenta y noventa, en el estándar de una buena institucionalidad de la gestión de la financiación competitiva de la I+D; hoy el desafío es si cabe más complejo, por los efectos perversos de la penetración de las rutinas administrativas y burocráticas, que parecen provocar que se pierda el sentido de la misión de financiar la I+D, ahogada por los aspectos formales de la necesidad de cumplir las normas administrativas, presupuestarias, contables, etc. La Agencia Estatal de Investigación se creó oficialmente a finales de 2015; su Consejo Rector se constituyó en el periodo de interinidad de la legislatura pasada. De momento, no se aprecian cambios visibles, no se ha nombrado a su Consejo Científico y Técnico, no se ha seleccionado a su director de acuerdo a lo previsto en sus estatutos, ni parece se hayan producido cambios significativos, ni en las prácticas de funcionamiento, ni en la propia organización que absorbió la antigua Dirección General de Investigación. 

 

Transformar las universidades

La universidades representan la parte del león del sistema público de I+D y son instituciones clave en la producción y difusión del conocimiento, en la modernización de la economía y la sociedad. En otros países europeos, en las dos últimas décadas, se han planteado reformas en las universidades, algunas de ellas de carácter general, como las destinadas a fortalecer la capacidad de decisión de los responsables de las mismas, en el contexto de una mayor autonomía otorgada por los gobiernos pero sin olvidar la rendición de cuentas, o las que han introducido parámetros de financiación de las universidades ligados a diversas formas de evaluación de los resultados y del rendimiento, o específicas como la de integrar los centros públicos de I+D en sus organizaciones, como en Dinamarca, o potenciar e incentivar las fusiones y la reorganización de las universidades, como en Francia. Mientras, en España, cada vez que se ha abierto el debate de la reforma de la universidad el asunto se ha transformado en un problema político que ha frenado cualquier iniciativa de avance, limitándose las actuaciones ministeriales a “soluciones” ligadas a un mayor control administrativo de las universidades

 

Proteger los nuevos centros de investigación

En el reciente panorama sombrío de las actividades de investigación, hay que señalar algunos cambios muy positivos ocurridos en los últimos 20 años. El diseño y organización de nuevos centros de I+D (“centros de nuevo cuño” fue la etiqueta que se consolidó en SEBBM) utilizando nuevas formas jurídicas (fundaciones sin fines de lucro) ha generado una población de centros de I+D de tamaño medio que, dotados inicialmente de gran flexibilidad organizativa y respondiendo a mandatos políticos de hacer investigación de excelencia pero producida en el contexto de su utilización (eso que Donald Stokes denominó “cuadrante de Pasteur“), son ahora el principal puntal de la investigación en España. Los resultados de estos nuevos institutos en términos de publicaciones y patentes, por euro público invertido, y las consecuencias reputacionales, por ejemplo en grants del ERC obtenidas, son extraordinarios. Promover una buena política de atracción y retención del talento se ha demostrado la mejor estrategia y herramienta para invertir en investigación. Sin embargo, la crisis y las medidas excepcionales tomadas han comenzado a “desmontar” significativamente estos espacios protegidos con alta delegación y autonomía de gestión. De forma creciente la normas retributivas del sector público han comenzado a aplicarse, con independencia de la productividad y de los ingresos obtenidos por los investigadores, los controles a la contratación o a las compras públicas, etcétera, con consecuencias desincentivadoras.

 

EL DOSIER CIENTÍFICO

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Andreu Mas-Colell, antiguo Secretario General de Consejo Europeo de Investigación (ERC) y Consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y, sin duda, una de las personas que más ha contribuido a una evolución positiva de la I+D en Cataluña, cuyo panorama destaca claramente en el contexto español, escribe sobre los principios, que en su momento fueron innovaciones conceptuales, que guiaron la construcción institucional del ERC, extremadamente simples pero poderosos en sus efectos, y que pudieran servir de inspiración para la nueva agencia: 1) El ERC está sometido a las decisiones presupuestarias de la Unión (H2020), pero dispone de una autonomía institucional decisiva y se gobierna por su más alta instancia (el Consejo Científico), que es responsable incluso de la selección y nombramiento de los evaluadores y los miembros de los paneles de selección; la solvencia y reputación de quien evalúa es central para la credibilidad de la institución. 2) El principio de selección y asignación de las ayudas es exclusivamente la excelencia, la calidad de la propuesta de investigación. Y 3) Las ayudas se destinan a individuos, a investigadores principales que tienen la capacidad de organizar su equipo y desarrollar el proyecto. Mas-Colell analiza los efectos de estos tres principios sobre el fortalecimiento institucional, sobre la capacidad de las organizaciones de investigación españolas de alimentar un círculo virtuoso en la atracción y retención del talento, señalando también el extraordinario papel y la innovación que el Programa “Severo Ochoa y María de Maeztu” han supuesto para España.

 

Los científicos demandan que se evalué el rendimiento todas las instituciones de investigación, que se determine si estas merecen o no seguir siendo financiadas, y que estas dispongan de flexibilidad.

 

LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD

Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid durante ocho años, resume los trabajos realizados por un grupo de rectores, donde se proponen algunos cambios; esos cambios impulsados por el Gobierno y las comunidades autó- nomas podrían contribuir a modificar los incentivos de los actores del sistema en búsqueda de un círculo virtuoso. Las propuestas de Peña son concretas y podrían implementarse, en algunos casos con modificaciones puntuales de la vigente Ley de Universidades y en otros con cambios en las prácticas de las propias universidades; se agrupan en tres ámbitos: En general, las prácticas de reclutamiento del profesorado y de los investigadores tienen margen de mejora; están condicionadas por la Ley y el funcionamiento de la ANECA, pero las prácticas están muy marcadas por las CC.AA. y, sobre todo, por las propias universidades y su capacidad de resistir la presión de los intereses creados dentro de ellas; ya existen modelos de buenas prácticas en Europa que se pueden implantar en nuestras universidades, tales como la Carta europea del Investigador y el Código de Conducta (Charter & Code), así como lo que denota la obtención de la acreditación y el logo HRS4R. Otro asunto, es la financiación de las universidades por parte de las CC.AA. y la sugerencia de que una parte significativa de la financiación, como ya se hace parcialmente en Italia, o incluso completamente en el Reino Unido con el Research Excellence Framework (REF), esté asociada a indicadores y medidas de resultados de las universidades. Por último, se sugieren mejoras en la Gobernanza interna, que fortalezcan la sensibilidad de las universidades y sus miembros a las demandas de la sociedad que las financian, del mundo exterior, y que aumenten la flexibilidad en su funcionamiento, la capacidad de rendir cuentas, así como de implementar las decisiones por los responsables de las mismas, eso sí, sin perder la esencia de la libertad académica consustancial a la actividad universitaria.

 

LOS CENTROS DE I+D DE "NUEVO CUÑO"

Manuel Hermenegildo, director de uno de estos institutos (IMDEA Software) y antiguo director general de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, analiza los principios esenciales que han dado vida a este sector, el más dinámico del sistema español de I+D. Institutos de Investigación que, sin perder su naturaleza pública y sometidos al control gubernamental, han adoptado formas jurídicas que permiten una gestión eficaz de los recursos y una mayor eficiencia en el manejo de las actividades de I+D. Este nuevo sector de centros promovidos desde diversas instancias: Ministerio de Sanidad (CNIO, CNIC), Generalitat (Centros CERCA), Comunidad de Madrid (IMDEA), Gobierno Vasco (Centros CIC), ha comenzado a sufrir parcialmente una pérdida de las condiciones de flexibilidad que les permitió florecer. Las políticas anti-crisis y ahora la nueva Ley de régimen Jurídico del Sector Público son amenazas para las condiciones de trabajo y, por tanto, de los resultados esperables. La respuesta del sistema político (con alguna excepción como la de la Generalitat) ha sido asimilar las condiciones de estos nuevos centros a las condiciones de funcionamiento del resto del sector público, empeorando su situación; en lugar de otorgar al CSIC y otros OPIs las condiciones de que disfrutaban estos nuevos centros, como reclamaba hace tiempo el Presidente del CSIC, existe la amenaza de transformar estos nuevos centros en instituciones chapadas a la antigua. Hermenegildo repasa los principios y los retrocesos, la pérdida de flexibilidad y capacidad de los centros, que amenaza las ganancias de productividad que se han obtenido en el pasado por las buenas políticas de atracción y retención del talento. 

 

En este dossier científico de la revista SEBBM hemos querido desarrollar visiones más posibilistas y a la vez reformistas radicales, que vayan a la raíz, y que no digan simplemente que la culpa o responsabilidad de la situación es solo del Gobierno o de los Gobiernos, incluyendo a los regionales. Hemos llegado aquí porque los actores del sistema tienen (tenemos) responsabilidad en la situación de deterioro (lo mismo podemos decirlo de los aspectos positivos, como la elevada producción científica media). Cada actor en su lugar, los rectores (individualmente y colectivamente) quizás pudieran haber jugado un papel más dinámico en transformar la universidad; la COSCE y las sociedades científicas se han limitado a llamar la atención sobre los recortes, pero apenas han empujado hacia la eliminación de las malas prácticas; las asociaciones posdoctorales o de precarios con frecuencia han politizado algo que, en realidad, en mucha ocasiones depende de la conducta de los colegas que disfrutan de posiciones permanentes.

 

La comunidad científica parece que no ha sido lo suficientemente exigente. En los grupos profesionales, que disfrutan de un nivel alto de autonomía y control de sus condiciones de trabajo, es esencial el autocontrol, la atenta mirada a los estándares éticos y profesionales. Los investigadores y sus asociaciones han mirado, en general, a otro lado cuando investigadores con grants del ERC han sido boicoteados por los colegas de institución y se han acabado marchando. No son leyendas urbanas, son más bien leyendas negras que nos marcan a todos; y como en los casos que recientemente han estado en la prensa, referidos al plagio o al acoso laborales a mujeres, en general la comunidad, sus representes y las instituciones científicas no han estado a la altura de lo que era necesario para proteger la credibilidad de la empresa acadé- mica e investigadora, más allá de la protección miope de sus condiciones de trabajo.

 

Tras casi una década de reducciones de los fondos públicos asignados a I+D, de la casi total congelación de la renovación de las plantillas, con el único margen de la contratación temporal cada vez más rígida para la ejecución de proyectos financiados con recursos competitivos, europeos o privados, con una creciente burocratización y un control más centralizado de actividades y procesos, con el resultado del despilfarro del trabajo de investigadores dedicados más a tareas de control burocrático y administrativo que a investigar, la comunidad científica, y muchos de sus portavoces, continúa poniendo el énfasis en los recortes y en la necesidad de aumentar los fondos públicos para la investigación. 

 

No se puede seguir solamente demandando más recursos y dando la impresión de que se rechaza la rendición de cuentas. Los científicos no rechazan la rendición de cuentas, todo lo contrario: los científicos demandan que se evalúe el rendimiento todas las instituciones de investigación, que se determine si estas merecen o no seguir siendo financiadas, pero piden también que estas dispongan de flexibilidad suficiente para que los resultados (éxito o fracaso) sean la consecuencia de sus propios esfuerzos, de su conducta y de la capacidad de atraer y conservar a los mejores, y no de las decisiones administrativas que son ortogonales con la labor científica. El debate sobre el proceso de “normalización” institucional y de aplicación a rajatabla de las normas administrativas y burocráticas, olvida las condiciones de flexibilidad necesarias para afrontar las incertidumbres del proceso de producción de conocimiento y puede dar al traste con los esfuerzos y las inversiones realizadas la modernización del sector de I+D en España.

 

El enfoque que hemos pedido en los análisis que se presentan a continuación intenta ir más allá de la obviedad de que más dinero para la I+D es mejor; hemos pretendido señalar algunos cambios o reformas que contribuyan a mejorar la calidad de nuestras instituciones y a potenciar buenas prácticas de funcionamiento en las organizaciones de I+D.

 

En los textos que vienen a continuación el lector encontrará luces y sombras, amenazas y oportunidades, porque no todo depende de lo que hagan los Gobiernos y de que pongan más recursos; cada investigador, cada responsable institucional tiene algo que decir, y sobre todo qué hacer al respecto. El futuro del sistema de I+D en España no está escrito por las circunstancias; dependerá de lo que hagamos nosotros, de nuestra capacidad de movilizarnos para el cambio y la transformación.

 

PARA SABER MÁS

Cruz-Castro, L. & Sanz-Menéndez, L (2016). “The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations”, Technological Forecasting and Social Change 113 (part b); 157-167. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002413

 

Cruz-Castro, L., Benítez-Amado, A, & Sanz-Menéndez, L. (2016). “The proof of the pudding. University responses to the European Research Council”. Research Evaluation 25 (4): 358-370. https://rev.oxfordjournals.org/content/25/4/358.full

 

Cruz-Castro, L. & Sanz-Menéndez, L. (2015). ‘Policy Change and Differentiated Integration: Implementing Spanish Higher Education Reforms’, Journal of Contemporary European Research. 11 (1): 103-123. http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/628/519

 

Sanz-Menéndez L, Cruz-Castro L, & Alva K (2013) “Time to Tenure in Spanish Universities: An Event History Analysis”. PLoS ONE 8(10): e77028. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0077028

 

Sanz Menéndez, L. & Cruz Castro, L. eds. (2010). La investigación y sus actores. Institutos y centros de I+D y sus desafíos. Barcelona: Fundación CYD. http://www.fundacioncyd.org/images/documentosCyd/CYD12.pdf

 

Cruz-Castro, L. and Sanz-Menéndez, L. (2010) “Mobility versus job stability: Assessing tenure and productivity outcomes”. Research Policy 39 (1): 27-38. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2009.11.008.


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