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Alarma creciente por la ciencia española

La recuperación económica, palpable en las cifras de la macroeconomía y en las previsiones de crecimiento, no ha llegado todavía al sistema español de ciencia, tecnología e innovación. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado apenas prevé un incremento del 1,1%, por debajo de la inflación esperada. Por otro lado, no hay noticias sobre política científica ni tampoco de la futura Agencia Estatal de Investigación. Mientras, COSCE impulsa un manifiesto en el que reclama mayor “reconocimiento del protagonismo y responsabilidad que la ciencia debe ejercer en la gestión política”.

  • Xavier Pujol Gebellí

La COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) es contundente en su último informe público sobre el estado del sistema público español: a su juicio, el Gobierno “no ha cumplido” con los compromisos adquiridos con respecto a política científica. En su informe “DECIDES 2017”, sobre el seguimiento y análisis de las políticas científicas “anunciadas y ejecutadas” por el Gobierno, y presentadas ante la Comisión de Ciencia del Parlamento, se lamenta “la falta de información”, así como lo que califican de “falta de compromiso” con respecto a la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, de la que aseguran que carece todavía de presupuesto.

 

 

El informe, coordinado por Aurelia Modrego, miembro del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en políticas públicas de investigación científica, destaca como principal conclusión que “no hay señales que permitan afirmar que el ejecutivo haya asumido un compromiso real de impulsar una política de I+D+i”.

 

El trabajo coordinado por Modrego ha centrado su análisis en las actuaciones del Gobierno firmadas por el Ejecutivo en el pacto de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos. De ese pacto se podía extraer la idea de que las políticas de I+D+i se entendieran como un factor básico para reformar “en profundidad” el modelo económico del país.

 

Las negativas conclusiones a las que llega el informe de COSCE derivan de casos que consideran “alarmantes”. Entre ellos, “la inexistencia de preocupación” por los fondos destinados a ciencia, el “incumplimiento de la mayor parte de los pactos de investidura” y el proceso de desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). 

 

 

ESQUEMA HABITUAL

Los fondos destinados a ciencia, según se desprende del análisis del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 presentado el pasado mes de abril, no solo no muestran cambios relevantes sino que “siguen el esquema habitual” con apenas cambio alguno en “los programas de siempre”.

 

El informe coordinado por Modrego señala al respecto que “no hay indicios de la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación, que proceda de los PGE, y que cuente con instrumentos adecuados para facilitar y propiciar la captación de fondos privados”, a través de una Ley de Mecenazgo actualizada.

 

En cuanto a los pactos de investidura, se advierte que no existe información sobre el cumplimiento de las propuestas que se incluían en el documento 150 Compromisos para mejorar España, que firmaron PP y Ciudadanos para la investidura del actual presidente del Gobierno. De todas las propuestas que se incluían en dicho pacto, la única de la que se tiene información, aunque muy escasa, destaca el informe de COSCE, es la creación de la Red Cervera de I+D+i, una red de institutos tecnológicos propuesta por Ciudadanos “cuya utilidad y eficacia están por concretar”.

 

CONCLUSIONES INQUIETANTES

El documento elaborado por COSCE llega a conclusiones que, cuanto menos son inquietantes. Algunas de ellas reiteran mucho de lo que es sabido en cuanto a incumplimientos y medidas que deberían adoptarse. Por su interés, reproducimos literalmente las más destacadas, siempre en la voz de COSCE:

 

  • No hay indicios de que vaya a haber un cambio en la política científica, tecnológica y de innovación a corto, medio o largo plazo, tan necesaria para crear un país con futuro. El desinterés de nuestro gobierno por la ciencia y la tecnología afecta a los investigadores, pero más a la ciudadanía. En los últimos siglos, no se puede entender ningún progreso social y económico sin el avance científico y tecnológico. La recuperación de un ministerio de ciencia y tecnología es fundamental para asegurar una política que no esté sometida exclusivamente a las restricciones presupuestarias. La parálisis de la política estatal de ciencia y tecnología genera enormes problemas en el funcionamiento del conjunto del sistema. Los grupos de investigación han perdido competitividad y están llegando a ver amenazada la continuidad de su actividad investigadora, elemento fundamental para seguir avanzando. 

 

  • Un sistema de ciencia, tecnología e innovación no puede sobrevivir en esta permanente e indefinida situación de inmovilismo y marginación. En tiempos de crisis económica, y reducción presupuestaria, se debe actuar de manera totalmente distinta, en colaboración con los agentes e instituciones implicados. Entre otras medidas, se debería actuar para simplificar la maraña legislativa que ahoga la gestión de los fondos públicos, mejorar los mecanismos de contratación de científicos y personal técnico, poner en marcha políticas de apoyo en foros internacionales (como la Unión Europea) que favorezcan la capacidad de captación de fondos externos, etcétera. 

 

  • El problema de la falta de información requiere una solución inmediata. La transparencia que ha de acompañar a cualquier tipo de actuación pública es vital en el ámbito de una política científica y tecnológica que tenga como objetivos prioritarios motivar y propiciar la participación activa de la comunidad científica y de las instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación e innovación del país, y concitar el apoyo e implicación de la sociedad en general. Para ello es necesario y urgente poner en marcha una política de información precisa, veraz, completa y accesible, que favorezca y facilite la comunicación, el intercambio de conocimiento e ideas y la colaboración a todos los niveles. La Agencia Estatal de Investigación puede y debe jugar un gran papel, siempre y cuando haya voluntad política de cumplir el compromiso de reformarla en la dirección correcta. En política científica ha llegado la hora de sumar, no de restar. 

 

UNA AGENCIA SIN PRESUPUESTO

Frente a esta situación, COSCE propone la creación de un Fondo Estable de Inversión para el sistema de ciencia, tecnología e innovación que actúe como contrapeso en tiempos de crisis. Esta medida, en opinión de los expertos de COSCE, permitiría una planificación a medio y largo plazo de la inversión en I+D+i, al tiempo que una capacidad de gestión y ejecución suficientes. De acuerdo con el informe, esta función debería ser asignada a la Agencia Estatal de Investigación.

 

 

No obstante, la Agencia, carece por el momento de presupuesto propio o, lo que es lo mismo, no dispone de la autonomía de gestión y ejecución para la que fue creada.

 

Según el informe, la creación de la Agencia sobrepasó el año contemplado en la Ley 14/2011, no solo porque el Decreto de aprobación de su Estatuto tiene fecha de 28 de noviembre de 2015, sino porque la constitución de su Consejo Rector, requisito legal para el nacimiento de la Agencia, no se hizo hasta el 20 de junio de 2016. Su Consejo Científico y Técnico no ha sido nombrado hasta el 6 de marzo de 2017.

 

COSCE lamenta que este proceso aún no ha concluido pese a los seis años de retraso que acumula. Del mismo modo, entiende que el actual enfoque es “excesivamente administrativista”. Si se cumplen sus pronóstico, la nueva Agencia se pondría en marcha con dos lastres fundamentales que la alejarían de los modelos de los países más avanzados en ciencia e investigación. Por un lado, la falta de autonomía económica y, por el otro, un mecanismo de gestión que podría llegar a dificultar el desarrollo de los programas de investigación tanto a escala global como proyecto a proyecto.

 

 

El documento de COSCE insta a “dar una solución urgente” a la situación de la Agencia Estatal de Investigación y reformar su estatuto siguiendo el Compromiso 22 del Pacto PP-Ciudadanos, las demandas reiteradas de la comunidad investigadora y las buenas prácticas internacionales, ampliando la presencia y responsabilidad de investigadores en su funcionamiento y asignándole una función asesora para el Gobierno.

 

Como recuerda el informe coordinado por Modrego, la constitución de la Agencia Estatal de Investigación se entiende como un instrumento clave para la reforma del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece en su Disposición adicional duodécima, punto 2, “El Gobierno creará en el plazo máximo de un año la Agencia Estatal de Investigación mediante la aprobación de su estatuto. Como es sabido, los plazos no se han cumplido.

 

La Agencia responde a la necesidad de separar las tres funciones básicas de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es, la definición de las políticas de I+D y su coordinación; la financiación de las actividades de I+D y su fomento; y la ejecución de dichas actividades. Las tres funciones coinciden con las de otras agencias de nuestro entorno y adquiere sentido por motivos de eficiencia y transparencia.


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