A+ A-


Los presupuestos de 2016 afean la I+D+i española

El impacto de la crisis económica que empezó a manifestarse en 2008 y que se cebó con fuerza sobre el sistema español de ciencia, tecnología e innovación apenas dos años más tarde, sigue dejándose notar en los laboratorios de universidades y centros de investigación. El presupuesto público, globalmente, ha frenado su caída. Pero el repunte es tan tímido que apenas cumple los objetivos previstos diez años atrás. La recuperación, a corto plazo, es ya inviable.

  • Xavier Pujol Gebellí

E

l presupuesto para el sistema público de ciencia, tecnología e innovación para 2016 crecerá un 0,36%, de acuerdo con el análisis de José de No, investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y José Molero, del ICEI(Instituto Complutense de Estudios Internacionales) con la firma del IREIN (Institute of Research in Innovation) para la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España). Las cifras se han extraído de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 aprobados en noviembre pasado.

Los números sugieren bien a las claras que no hay recuperación prevista de los fondos públicos para el sistema de I+D+i en el corto plazo. Los cálculos efectuados, a partir de simulaciones, tampoco arrojan resultados optimistas a largo plazo. Serían necesarios, según los mismos, al menos diez años a partir de ahora para alcanzar los niveles de gasto público previos a los recortes con un ritmo de inversión sostenido superior al 4% anual. Es decir, de ser posible, se tardaría prácticamente 20 años en volver al punto de 2009, el año récord presupuestariamente para el sistema español, con cerca de 9500 millones de euros invertidos.

El gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el sistema público español de I+D+i en 2016 asciende a 6429,60 millones de euros, apenas 23 millones de euros adicionales con respecto a 2015. A diferencia de años precedentes, no hay tijeretazo a la vista sino un ligerísimo repunte global. No obstante, para algunas instituciones de investigación o de desarrollo industrial, las tijeras volverán a estar presentes en forma de cuantías menores.

«La pregunta que se formulan expertos y la comunidad científica en general es si los números sugieren, por fin, un cambio de ciclo.»

La pregunta que se formulan expertos y la comunidad científica en general es si los números sugieren, por fin, un cambio de ciclo. Lo avalaría el hecho de que los gastos no financieros, en forma de subvenciones a los programas nacionales a los que se opta por concurrencia pública y competitiva y ayudas directas, aumentan de cuantía a costa de los gastos financieros en forma de préstamos, que siguen siendo mayoritarios en los presupuestos.

Del total presupuestado para 2016, 6429,6 millones de euros, 5793,3 millones se destinarán a I+D+i civil, lo cual supone aproximadamente un 2,08% por encima de las cifras de 2015. Los 632 millones de euros restantes corresponden a I+D+i relacionada con Defensa.

Del dinero previsto para investigación y desarrollo civil, 2512 millones están destinados a operaciones no financieras y 3286 millones a préstamos. Con respecto al ejercicio precedente, supone un incremento del 12% de los fondos otorgados a subvenciones y ayudas (tabla 1).

Aquí tabla 1

 

A expensas del crédito

Las fórmulas crediticias, introducidas en su día como un mecanismo para favorecer sobre todo infraestructuras científicas y técnicas, además del acceso a financiación de iniciativas de desarrollo e innovación industrial, siguen teniendo en 2016 un papel considerado como excesivo por sectores mayoritarios de la comunidad científica. La previsión es que las operaciones financieras sobrepasen el 58% del total del presupuesto, pese a una merma del 6,16%.

El recurso a esta fórmula es cuestionado tanto por la cuantía que representa como por el concepto en sí mismo. No solo se trata de cantidades a devolver a las arcas del Estado, sino que el nivel de ejecución, denuncia José Molero, coautor del estudio del IREIN para COSCE, es muy bajo.

«El uso de fondos financieros es una huida hacia delante», proclama Molero. «Lo que fue una primera tendencia, de carácter modesto, prosigue, se ha convertido ''en norma'' al acelerarse con la crisis económica. Nacieron para financiar infraestructuras y complementos necesarios para la investigación, pero ''ahora están generalizados'' al irse ampliando progresivamente con destino al desarrollo industrial y al manejo del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).»

Varios son los aspectos que empujan a los expertos a cuestionarlos. En primer lugar, señala Molero, desde su instauración, hace ya más de una década, no se trata de partidas adicionales sino que siempre han sido en detrimento de las ayudas y subvenciones. Su progresiva implantación, además, se ha hecho coincidir con la crisis económica y financiera que ha asolado España en los últimos años hasta alcanzar la media aproximada del 60% de los presupuestos.

Por otro lado, y de forma general, es una fórmula que resulta poco útil al sector público. «Las universidades no pueden endeudarse, no se puede pedir un crédito para investigar», recuerda Molero. Por consiguiente, es el mundo de la empresa el principal beneficiario.

«La parte que va en créditos no cuenta como deuda pública, algo que solo ocurre si el crédito está concedido… es como si el Estado se hiciera trampas al solitario.»

El análisis de las operaciones financieras de ejercicios precedentes pone de manifiesto unos niveles de ejecución que se sitúan ligeramente por encima del 40%. Así ocurre para los años 2013 y 2014, los últimos disponibles. «Lo que ha ocurrido es que [los créditos] no se piden o bien no se conceden», sostiene Molero. La razón, asegura, es que las empresas tratan de no endeudarse en época de crisis o, si opta a ello, tiene muchísimas dificultades para hacerlo. El crédito se instrumentaliza a través de la banca que impone sus condiciones. La consecuencia es que queda una parte importante del presupuesto pendiente de ejecución.

Si se mantuvieran los niveles de ejecución alrededor del 45% en 2016 significaría que de los poco más de los 6400 millones de euros presupuestados, a los centros de investigación, OPI, universidades y empresas que desempeñan labores de I+D+i habrían contado con apenas 4000 millones de euros reales.

La no ejecución, prosigue el experto del IREIN, cuestiona que lo que consta en los documentos oficiales se trate realmente de inversión. «La parte que va en créditos no cuenta como deuda pública», algo que solo ocurre si el crédito está concedido. En opinión de Molero, es como si el Estado se hiciera trampas al solitario.

Visto desde esta óptica, el porcentaje del 1,27% sobre el PIB del sistema español corre serio riesgo de aumentar su distancia con el prometido 2% que promedia la Unión Europea. Por supuesto, queda lejísimos el objetivo del 3% planteado en el programa marco europeo Horizonte 2020 cuando faltan tan solo cinco ejercicios.

Leve mejoría en el desglose

 

P

ese a las pobres expectativas que generan los presupuestos de la I+D+i española para 2016, hay un par de elementos que, de consolidarse en ejercicios venideros, podrían considerarse en positivo. Viendo el desglose, el primero a considerar es que los gastos no financieros aumentan cerca de 270 millones de euros, aproximadamente un 12% con respecto a 2015.

En su mayor parte se trata de dinero hasta ahora atribuido a préstamos con destino al área tecnológica de investigación científica y técnica tanto de la I+D civil como de la militar, que es la que mayor recorte sufre. El acceso a estos créditos se ha considerado siempre de valor cuando se habla de investigación aplicada y de innovación. No obstante, el hecho de que apenas se recurra a ellos ha favorecido su cambio de ubicación. 

En la lista de beneficiarios del incremento de fondos públicos destacan los casi 170 millones de euros adicionales para el programa de “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica”. Un total de 150 de ellos van a destinarse al maltrecho Fondo Nacional de Investigación, principal fuente de financiación de las convocatorias competitivas de la ciencia española. El CSIC, por su parte, también recoge parte del incremento, mientras que otros OPI sufren recortes en cantidades menores, aunque, lógicamente son significativas para las instituciones afectadas.

La consecuencia directa de esta modificación es que un número limitado de proyectos científicos podrán garantizar su continuidad el próximo año pese a la tan reclamada falta de previsión plurianual, al tiempo que otra cantidad significativa podrá acceder a fondos públicos.

El alcance de los recortes

De hecho, la previsión no es para nada halagüeña. Si se considera el alcance de los recortes sufridos por el sistema desde 2009, año de máxima expansión presupuestaria, la leve mejora prevista para 2016 no compensa en absoluto lo perdido. La distancia que separa los presupuestos de un año a otro se eleva a unos 3000 millones de euros, lo que sitúa los de 2016 en el 66% del presupuesto de 2009. «No pueden ser ni mucho menos triunfalistas», expone Molero, para quien el recorte en I+D+i «ha sido más fuerte que en otras partidas de los presupuestos». «No solo es un efecto de la crisis genérica sino de falta de prioridad de la I+D+i en las políticas del Estado.»

Ante la demanda de los fondos no invertidos que plantea un amplio sector de la comunidad científica los números son elocuentes. Según calcula el experto, los recortes de los últimos años ascienden a unos 20.000 millones de euros que «se han dejado de invertir».

«El recorte en I+D+i ha sido más fuerte que en otras partidas de los presupuestos. No solo es un efecto de la crisis genérica sino de falta de prioridad de la I+D+i en las políticas del Estado.»

Las matemáticas arrojan otros resultados tanto o más alarmantes. Para situarse en los niveles de inversión de 2009, se necesitaría una inyección económica sostenida y acumulativa del 4,22% anual si quisiera lograrse en un decenio, algo que, a juicio de Molero, parece improbable. Dicho de otro modo, con ese nivel de crecimiento habrían transcurrido prácticamente dos décadas entre el pico de 2009 y el año en el que lograra igualarse la inversión.

O se da un cambio radical, concluye, o el sistema de ciencia y tecnología español va en dirección de una muerte anunciada. «No es comprensible que un país con el número de habitantes y la supuesta potencia industrial y económica de España invierta tan poco en el sistema.»

Voces discordantes

 

L

a mejora de disponibilidad económica para los proyectos de investigación no permite acallar, en modo alguno, las voces que reclaman no solo mayores cantidades sino también un cambio profundo en el modelo de gestión del dinero para la ciencia. La prometida Agencia Estatal de Investigación, prevista ya en la Ley de la Ciencia de 2011, sigue sin concretarse y es a ella a quien la comunidad científica y técnica aspira a encomendar la gestión de la financiación.


«La comunidad científica y técnica considera estos presupuestos insuficientes y lamenta la falta de estabilidad y predictibilidad.»

El Gobierno, en su Libro Amarillo para los presupuestos de 2016, obvia la Agencia y sostiene que con los números previstos se han logrado «unos niveles razonables de financiación pública». La comunidad científica y técnica asegura lo contrario y, además de considerarlos insuficientes, lamenta la falta de estabilidad y «predictibilidad». 

El citado texto presupuestario insiste en que la inversión realizada en ciencia «ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria». Los datos del Instituto Nacional de Estadística desmienten la previsión del Gobierno.

 

Notas

1. El histórico de análisis de los recursos de ciencia en los PGE elaborados por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) se puede consultar enwww.cosce.org/informes.htm.


¿Te ha gustado este artículo? Compártelo en las redes sociales: