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Retorno de la financiación de proyectos del Plan Nacional en las Autonomías

Para una comunidad autónoma, una gestión perspicaz de su política científica, además de los conocidos dividendos de la investigación, puede resultar en un beneficio económico neto si consigue captar más fondos que aquellos con los que contribuye a la bolsa común que financia los proyectos de investigación. 

  • Alvaro Villarroel

  • Instituto Biofisika, CSIC-UPV/EHU

La disponibilidad pública de las resoluciones de las convocatorias de ayudas a la investigación básica del Ministerio ofrece una oportunidad única para obtener una visión de la capacidad de las autonomías para competir entre ellas a la hora de atraer financiación en, presumiblemente, igualdad de condiciones. En principio, la financiación total solo depende del número y la calidad de equipos de investigación ejerciendo su actividad en cada comunidad. En este estudio, se han recopilado los resultados de los programas Retos y Excelencia (“Generación del conocimiento” en 2018) del MINECO, que en años anteriores se denominaban FUNDAMENTAL. 

 

 

En la Figura 1 se grafican los retornos obtenidos a lo largo de los años para cada comunidad, promediados en grupos de tres años, que da una mejor idea de la tendencia ya que, en general, los proyectos se financian por trienios.

 

En cada convocatoria se financian alrededor de 3.105 propuestas. El máximo fue en 2009, con 3.732, y el mínimo en 2016, con 2.565. En la convocatoria de 2018 se han aprobado provisionalmente 2.986, cifra que podría acercarse a la media histórica si, tal como ocurrió en 2017, aumentara en 119 en la resolución definitiva. La financiación promedio en los últimos seis años ronda los 120.000 euros por proyecto. El montante total en 2017 destinado a estos programas de apoyos al I+D fue de algo más de 323 millones de euros (provisionalmente 359,2 millones en 2018 incluyendo la resolución de la nueva convocatoria para jóvenes científicos), lo que representa el 51% de la cantidad asignada a la Agencia Estatal de Investigación creada en 2015 (que recibió 615,9 millones en 2017, unos 20 millones por debajo del presupuesto anual del Real Madrid), e inferior a los fondos destinados a “Investigaciones en Programas Militares” (427 millones de euros en 2017). 

 

Los datos revelan tres grupos claramente diferenciados. En la parte alta está la Comunidad de Madrid y Cataluña; en la parte media, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y el resto está enterrado en el “plato de espaguetis” de la parte baja. Pero lo más transcendente es lo que los datos esconden cosas. Una pregunta relevante es: si una comunidad autónoma es o no contribuyente neto (pone más dinero en la bolsa común del que recibe). La respuesta se puede encontrar en la Figura 2.

 

La Figura 2 muestra que las dos Comunidades que más financiación reciben, Cataluña y la Comunidad de Madrid, son también receptores netos. En el decenio 2008-2017 el retorno neto a la Comunidad de Madrid fue de unos 350 millones de euros (aportó 659 millones y obtuvo 1009 millones), y el de Cataluña de unos 175 millones de euros (aportó 670 millones y obtuvo 845 millones). Como contraste, el País Vasco es el mayor contribuyente neto, habiendo aportado en ese periodo 91 millones de euros más de los que recibió (aportó 217 millones y obtuvo 126 millones en estos 10 años). Para poner estas cifras en perspectiva, recordemos que el presupuesto anual del Athletic de Bilbao en 2016-2017 fue de 113,9 millones.  

 

Para tener una noción del impacto de las políticas recientes de cada comunidad en su capacidad para competir entre ellas hay que examinar la progresión relativa a su producto interior bruto. La Figura 3 muestra los datos de ayudas MINECO normalizados a la ratio de ingresos/PIB del trienio 2004-2006.

 

 

La Figura 3 muestra que dos receptores netos —Madrid y Valencia— tienden a empeorar (aun así, la Comunidad de Madrid tuvo un superávit de 24,3 millones en 2017, que provisionalmente se redujo a 18,5 millones en 2018). Cataluña, por el contrario, sigue con su tendencia al alza (15,3 millones de superávit en 2017, que provisionalmente aumenta a 21,1 millones en 2018), mientras que Andalucía despega en 2012 convirtiéndose en receptor neto en 2017 (3,9 millones, y provisionalmente se reducen a 3,1 millones en 2018). El País Vasco, que “pierde” 8,4 millones en 2017 (provisionalmente las “pérdidas” se reducen a 5 millones en 2018), presenta una clara inflexión en su tendencia en 2009-2010, iniciando una trayectoria sostenida hacia una mejoría en su desempeño en comparación con el resto de comunidades. Asimismo, hacia 2014-2015 Andalucía presentaba un crecimiento paralelo al del País Vasco. Insisto, son datos relativos, por lo que si varias comunidades introducen mejoras en su política científica, las que no respondan al desafío empezarán a retroceder. Probablemente, la Comunidad de Madrid se aletargó hacia 2010 y su pasividad empieza a pasar factura. En relación a la Comunidad Valenciana, presenta un perfil oscilante en el que a un año con pérdidas le siguen dos de ganancias, salvo la tendencia a la baja en 2016 y 2017, años en los que “perdió” 3,6 y 2,3 millones de euros respectivamente. Este bache parece plenamente compensado en la convocatoria de 2018, año en el que los datos provisionales de abril de 2019 arrojan un saldo positivo de 8,1 millones de euros. 

 

 

Este estudio compara la destreza relativa de cada comunidad. No dice quién lo hace bien, sino quien lo hace mejor. Pero este dato tiene mucho que ver con la historia, el número de investigadores en activo, las inversiones e infraestructuras del pasado, etcétera. Para poder proyectar las tendencias, conviene examinar el retorno de cada comunidad por cada euro invertido en un periodo de tiempo prolongado. La Figura 4 muestra esos datos, en los que vemos cómo los receptores netos Madrid y Cataluña reciben a lo largo del tiempo entre 130 y 160 euros por cada 100 euros que aportan al fondo común.

 

El País Vasco se encuentra en la parte media del grupo de los contribuyentes netos; es decir, recibe menos de lo que aporta (“pierde” unos 35 euros por cada 100 que aporta, más de 12 millones anuales entre 2008 y 2012). Sin embargo, en 2012 se produce una inflexión, con una tendencia sostenida a reducir el déficit (se “pierden” unos 7 millones anuales entre 2013 y 2017, 5 millones anuales menos que en el quinquenio anterior). Si esta tendencia se mantiene, el País Vasco empezaría a ser un receptor neto hacia 2030 (línea discontinua de la Figura 4).

 

Una pregunta que merece la pena responder se refiere a qué ha ocurrido a partir de 2009-2010 para esa mejoría espectacular en la tendencia competitiva del País Vasco, Cataluña y Andalucía, así como las causas del deterioro de la Comunidad de Madrid. No vamos a dar una respuesta a esta pregunta, pero sí una pista para explicar la mejoría en Euskadi: Ikerbasque.

 

El panorama para el País Vasco sugiere que la política iniciada en 2007 está ayudando a esta Comunidad a remontar con buenos resultados. Al resto de las comunidades les conviene analizar e imitar lo que se hizo bien en esas fechas en Euskadi, pero con cuidado. Hay datos que muestran signos de cansancio en el crecimiento del País Vasco y avisan de que puede estar empezando a dormirse en los laureles. Hay que examinar en su conjunto las inversiones en ciencia y tecnología, identificar y reconducir políticas complacientes, e impulsar decididamente lo que a todas luces ha funcionado. 

 

ANEXO I. INVESTIGACION EN BIOCIENCIAS Y BIOMEDICINA

La inmensa mayoría de los proyectos de investigación de los miembros de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular se enmarcan en las Ciencias de la Vida. Los datos restringidos a esta área temática muestran que se destinaron unos 160, 151 y 154 millones en 2015, 2016 y 2017, respectivamente. Los datos provisionales de 2018 muestran un aumento a 170 millones, incluyendo la nueva convocatoria para jóvenes científicos. 

 

Anualmente se aprueban de media 903 propuestas de las 1853 de media solicitadas en el último sexenio, con una tasa de éxito del 51%, que alcanzó un máximo del 66% en 2017 y un mínimo provisional del 39% en 2018. La financiación promedio en los últimos seis años ha sido de 175.000 euros. Por subáreas, se aprueban unas 266 propuestas Biociencias (que bajó a 218 en los últimos seis años), con una tasa de éxito del 55% (69% en 2017 y 43% en 2018) y dotación media en los últimos 6 años en torno a 205.000 euros. En Biomedicina, la media de propuestas aprobadas es 239 (230 en el último sexenio) con una tasa de éxito del 46% (72% en 2017 y 38% en 2018), y dotación media de 202.800 en el último sexenio. 

 

La tasa de proyectos aprobados es superior en 12 y 20 puntos porcentuales en las comunidad de Madrid y Cataluña, respectivamente. Asturias y Cantabria también están por encima de la media alrededor de 9 puntos. A esta tasa de éxito, se añade que los proyectos de la Comunidad de Madrid y los de Cataluña reciben una dotación superior a la media alrededor de 9 puntos porcentuales. De los datos también se desprende que salvo Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía, el resto de comunidades presenta un déficit en el número de grupos (proyectos) de investigación financiados. Para equilibrar este balance en relación al PIB, el País Vasco debería atraer/ reflotar a 26 grupos competitivos, Castilla la Mancha a 19, Canarias a 23 y Baleares a 13 grupos. El mayor esfuerzo para aumentar el número de equipos de investigación en Ciencias de la Vida, en términos relativos, lo tendrían que realizar Canarias, La Rioja, Castilla la Mancha y Baleares, seguidos de Extremadura y del País Vasco. En cuanto al número de estudiantes, en relación al PIB, Madrid y Cataluña tienen un saldo positivo y, algo menor, también Cantabria. Andalucía y Valencia están equilibradas, mientras que el resto de Comunidades tienen un saldo negativo. En términos relativos, el déficit es notable para Castilla la Mancha, Canarias, La Rioja y Extremadura, seguidos del País Vasco y Navarra.

 

 

Los datos disponibles se grafican en las Figuras 5 a 8, incluyendo el número de estudiantes asignados. Se observa una anomalía en 2017 y 2018, con una reducción significativa en el número de solicitudes en 2017 (1.407 solicitudes), seguido de un incremento tremendo en 2018 (2.609 solicitudes), lo que puede explicar el máximo en la tasa de éxito para las solicitudes de 2017, seguido del mínimo alcanzado en 2018. Parece que en 2017 se tramitaron 400 solicitudes menos de las esperadas —tal vez no fueran evaluadas al tener mal ajustados los márgenes del texto, fuente de letra o alguna otra anomalía de gran calado científico—. Si a estos 400 se suman tal vez unas 200 solicitudes en la nueva modalidad para jóvenes científicos, tendríamos el aumento observado en 2018.

 

Las Comunidades se segregan en cuatro grupos, según se desprende del análisis de los retornos mostrado en la Figura 9. Una vez más, Cataluña y Madrid presentan un saldo positivo (unos 40 euros extra por cada 100 aportados), otro grupo lo forman la Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia y Andalucía, que tienden a equilibrar el balance, aunque en los últimos años Andalucía presenta retornos favorables. El resto de comunidades son contribuyentes netos en mayor o menor medida. El País Vasco parece que se afana por salir del grupo de los mayores contribuyentes, y es destacable que hacia 2010 se produce una tendencia a reducir las “pérdidas” de 70 a 50 euros por cada 100 aportados.

 

Esta mejoría del País Vasco se realza al comparar el desempeño por trienios relativo al 2004-2006 mostrado en la Figura 10. Tras una mejoría sostenida a partir del trienio 2009-2011, el último trienio muestra una desaceleración en Andalucía y País Vasco que debería hacer reflexionar a sus autoridades. En contraposición, parece que la Comunidad de Madrid empieza a despertar del letargo sostenido iniciado hacia 2012. La montaña rusa que presenta Castilla la Mancha es en parte debido al volumen reducido (unas 40 veces menor que Cataluña o Madrid). En términos absolutos, en 2017 Andalucía, Cataluña y Madrid ingresaron 2,0; 12,5 y 12,5 millones de euros más de los que aportaron, mientras que el saldo fue negativo en 6,9; 2,4 y 4,1 millones de euros para el País Vasco, Castilla la Mancha y Canarias, respectivamente.

 

 

ANEXO II. INVESTIGACION CLÍNICA

El sistema de financiación diferencia la investigación en el ámbito clínico, que es gestionada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Los grupos de investigación clínicos no pueden compaginar estas ayudas con las procedentes del MINECO, aunque pueden optar entre ambas fuentes. Los datos accesibles son más limitados que los que se pueden obtener sobre la financiación del MINECO, y son posteriores al año 2012. En 2017, el ISCIII destinó 68,5 millones de euros en esta modalidad de ayudas, lo que representó algo más del 25% de su presupuesto. 

 

El análisis de los datos revela una vez más que la Comunidad de Madrid y Cataluña son receptores, y que el País Vasco es el mayor contribuyente neto, tal como se muestra en la Figura 11. Al comparar estos datos con la Figura 2 se observan claras diferencias, siendo Cataluña el mayor receptor en esta área. En cuanto a las cifras, hay que tener en cuenta que la Figura 2 se refiere al periodo 2008-2017, mientras que el periodo examinado es ahora de la mitad de años, de 2013 a 2017. 

 

La evolución en la capacidad para captar fondos competitivos en investigación clínica de la Figura 12, referida en este caso al trienio 2013-2015, muestra que Navarra está tomando un gran impulso, que hay un empeoramiento paulatino en el País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana, la de Madrid y Cataluña se mantienen relativamente estables. En términos absolutos, el País Vasco pasa de un saldo negativo de 1,1 millones de euros en 2013, a 2,5 millones de euros en 2017, mientras que Cataluña presenta en 2017 un retorno neto de 11,9 millones, la Comunidad de Madrid de 4,7 millones, y Navarra de 1,1 millones.


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