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Y ahora qué…

Año 2020. El del H2020. El de los grandes proyectos, el de la Ciencia con mayúsculas. Pero… ¿en qué punto nos encontramos? Hoy hablamos más de ciencias políticas que de políticas científicas. El nuevo horizonte financiero de la Europa tras el Brexit y la escisión de Ciencia y Universidades en España muestran un panorama de incertidumbre. Ya hay quienes han criticado esta división, incluido el ministro de Universidades, Manuel Castells.


13 de enero de 2020. El flamante ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de Pedro Sánchez, Pedro Duque, jura su cargo ante Felipe VI. Su cartera ha sido sometida a una cirugía inesperada tras la estampida de Universidades a los brazos de Manuel Castells. También promete cargo el célebre sociólogo catalán, quien no ha disimulado —en numerosas declaraciones públicas— su asombro por esta división. “La Universidad tiene una relación intrínseca y fundamental con Ciencia e Innovación y ha habido una serie de críticas en los medios internacionales por la existencia de los dos ministerios”, subrayó durante el acto en el que el mismo Duque le ha entregado la cartera. “Hablando muy claro: yo personalmente no estoy de acuerdo”, ha dicho el ministro provocando las carcajadas de los asistentes. Castells ha descartado que esto vaya a ser un inconveniente para desempeñar sus funciones. “No solo es lo que hay, sino que no va a haber gran problema porque una cosa es que haya dos ministerios y otra es que nadie nos prohíbe colaborar y hacer todas las políticas juntos”.

 

28 de enero de 2020.  Dos semanas después de este acto protocolario, el Consejo de Ministros anuncia la creación de la Secretaría General de Innovación, —dependiente, precisamente. del Ministerio de Ciencia e Innovación—, y cuya cabeza visible será Teresa Riesgo.  La justificación esgrimida por el Gobierno es buscar un único actor a la hora de poner en marcha los cambios que la comunidad científica y universitaria necesita. No hablan desde Moncloa de los cambios que se vislumbran en la legislatura. Parece que el tándem Duque-Castells está condenado a entenderse con la puesta en marcha de un “medio ministerio”, en una legislatura que arranca en materia científico-tecnológica con extraordinarios déficit. Los datos de los últimos años evidencian que España se ha distanciado en materia de I+D+i respecto a la media de la Unión Europea, y a pesar de los ligeros avances que se han registrado durante los últimos ejercicios, el país está todavía en los niveles de inversión anteriores a la crisis económica.  

 

Poco se sabe del efecto que han surtido en el Gobierno las continuas quejas y lamentos de órganos reputados como COSCE o COTEC.  Sus respectivos análisis para 2019 fueron demoledores, como también lo fueron los de 2018 o 2017. Y aquí, la paradoja. O se desburocratiza el sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología español o los miles de investigadores, empresas, start-ups creadas al amparo del ingenio y talento de emprendedores colapsarán. Pedro Sánchez parece que no ha tomado en consideración estos documentos.

 

A REMONTAR...

El sistema de investigación pública ha perdido poco más de 20.000 millones de euros en los últimos 10 años y se sitúa en niveles similares de 2012, en gran parte debido a la inestabilidad política y la incapacidad para aprobar las cuentas.  En España un 70% de la investigación científica la hacen las universidades, pero la financiación estatal que reciben para ello depende del Plan Nacional de I+D+i que gestiona el Ministerio de Ciencia y que se otorga en base a un concurso competitivo, de ahí los recelos de la comunidad investigadora ante posibles divisiones salomónicas de esos fondos.

 

“La desaparición o la fragmentación del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno y complicaría la interlocución con la nueva Comisaría europea que concentra investigación, innovación y educación”, ha subrayado Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Wahnón ha puesto sobre la mesa la necesidad de “mantener un Ministerio propio con mayor peso político y unos objetivos más precisos y ambiciosos. Debemos acordar una política de Estado que dé continuidad a las políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento mantenido y sostenible de la inversión”.

 

Para la COSCE; Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), CRUE (Universidades Españolas) y Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) “cualquier partición del Ministerio actual será una mala noticia para nuestro país porque implicará alejar el conocimiento de la centralidad política que se está imponiendo en Europa (Consejo de la Unión y Comisión). Es imprescindible que la gestión del llamado “triángulo del conocimiento” (investigación-innovación-educación) quede reforzado en el nuevo Gobierno en un único Ministerio. En este sentido, la estructura del Comisariado europeo, con una Comisaria competente en todos esos ámbitos, marca la tendencia a seguir a los países miembros de la Unión que, en su inmensa mayoría, mantienen tal unidad en un único Ministerio”, han subrayado.  “Fatalmente, prosiguen, cualquier fragmentación de competencias implica fragmentación de recursos. A este respecto, hay voces autorizadas en Europa que alertan del error que puede suponer enfrentar investigación y universidades a la hora de la negociación presupuestaria, lo que podría suponer décadas de estancamiento para la investigación, las universidades, o ambas”.

 

La competitividad de la ciencia de nuestro país solo podrá recuperar su línea ascendente (tan maltrecha actualmente) si puede articular e impulsar la inmensa mayoría del conocimiento que este país ha demostrado ser capaz de generar. Que deberá incluir, por supuesto, la Universidad, ya que educación superior, investigación e innovación son indivisibles.

 

Para Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación COTEC,  en este año el sector público debe tener unos Presupuestos “adecuados” para la I+D , para que así pueda “desarrollarse por completo” la Ley de la Ciencia. “En ambos sentidos, presupuestario y regulatorio, puede hablarse de una década perdida para el sistema publico de I+D. 2020 debe ser de manera inequívoca el inicio de la remontada”, apuntó en una entrevista a Europa Press.

 

 

PANORAMA UN MES ANTES

Un mes antes, la COSCE hizo público el Informe COSCE-Decides 2019, que analizaba las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en materia de ciencia e I+D+i. El análisis concluía que “las medidas que se han llevado a cabo durante la pasada legislatura han sido escasas y no han sido efectivas para resolver los problemas puntuales que impiden el normal funcionamiento de la actividad investigadora”.

 

El informe —disponible en Internet— refleja la preocupación de la comunidad científica española respecto a la actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo que en un primer momento fue interpretado como un cambio de rumbo de las políticas científicas ahora plantea serias dudas. La breve duración de la legislatura no ha permitido a este ministerio proponer iniciativas que atiendan a las necesidades más urgentes de la comunidad científica española, ni adquirir peso dentro del Consejo de Ministros

 

Una de las reclamaciones fundamentales de la COSCE es el Pacto por la Ciencia suscrito por las sociedades científicas en 2017 y que reclama una mayor importancia de la ciencia en la sociedad, así como mejorar los niveles de progreso, tecnología, calidad de vida y conocimiento que nos hemos impuesto como objetivos para el siglo XXI. Comparten esta misma opinión la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/ Precarios y Ciencia con Futuro quienes han lamentado que la “incertidumbre” y la “inestabilidad” política del año 2019 haya afectado al sistema científico español. Por ello instan al Gobierno a que se alcance un Pacto de Estado por la Ciencia. 


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