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Alerta científica en la nueva Europa

La dura crisis económica que durante los últimos años ha golpeado buena parte del mundo occidental, con Estados Unidos, primero, y Europa después, como puntas visibles, parece estar remitiendo. Las medidas adoptadas al otro lado del Atlántico empiezan a dar sus frutos, según los indicadores. Y de esta parte, la Unión Europea está dispuesta a impulsar igualmente disposiciones económicas de gran calado. Para alimentarlas, sin embargo, habrá que retirar fondos ya consagrados. La amenaza planea sobre la ciencia de excelencia.

  • Xavier Pujol Gebellí

E
l luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el autodenominado brazo ejecutivo de la Unión Europea, anunció el pasado 26 de noviembre el mayor plan económico, y probablemente el más ambicioso, de la historia reciente de Europa. El objetivo, sacar al atribulado Viejo Continente de la crisis; el plan, un programa de inversión de 315 000 millones de euros en tres años, de los que 21 000 millones deberían ser «nuevos», es decir, de nueva inversión pública, para los Estados miembros.

 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en una reciente intervención en la sede del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Pese a lo llamativo de los números y a las intenciones de Juncker en su discurso de investidura –apenas lleva unos meses en el cargo– de «pasar al ataque» con algo parecido a un plan de choque para la creación de empleo y el crecimiento económico en Europa, a ningún analista se le escapa lo restringido de la inversión pública prometida, la dependencia a un inversor privado para el que deben generarse condiciones suficientes de confianza, o el fracaso de anteriores planes que debían convertir la economía europea en «la más competitiva del mundo». Entre ellos, el propuesto en 1993 por Jacques Delors en su libro blanco sobre «Crecimiento, competitividad y empleo»; el Pacto de Lisboa de 2000, que recogía el objetivo de situar la inversión en I+D en el 3 %; o el también fracasado pacto por el crecimiento de 2012, por el que se comprometían hasta 120 000 millones de euros. Promesas todas ellas de un futuro económico mejor con pocos frutos en sus alforjas.

 

Lo que tal vez marque la diferencia en esta ocasión es la apuesta hasta cierto punto keynesiana de un plan que incluye inversiones en «proyectos de infraestructuras estratégicas», esto es, sobre todo de conexiones energéticas, de transporte y de banda ancha, todas ellas consideradas «potenciadoras de la productividad» y, por consiguiente, «desligadas de cuotas nacionales», según puede leerse en la documentación elaborada por los expertos de la CE. En el fondo, subyace la idea de generar hasta tres millones de empleos hasta 2017 y promover la demanda en unos Estados miembros con economías estancadas o al borde de la recesión. El futuro, puede leerse entre líneas, exige una «inversión suficiente». O lo que es lo mismo, más inversión de la que hasta ahora Europa ha estado dispuesta a asumir.

 

Condiciones para invertir

Como es sabido, si algo anima a un inversor privado, sea cual sea la cuantía, es el rendimiento, la minimización del riesgo y, en parte ligado a este último factor, la confianza que inspire el emisor. ¿Se dan estas condiciones en el Plan Juncker? Desde la CE no se cansan de responder afirmativamente, pero cuando están en juego importantes sumas de dinero, conviene escuchar a las voces críticas e incluso a los agoreros.

 

En el debe del plan diseñado por el mandatario luxemburgués hay dos condiciones negativas de peso. Como ya se ha citado, el peso histórico escrito en letras de fracaso, supone un lastre que se expresa en forma de escepticismo, cuando no desconfianza, algo que en nada gusta a los inversores. En distintas épocas y en condiciones económicas mucho mejores que las actuales, explican los escépticos, ninguno de los grandes planes llegó a desarrollarse, principalmente por las disputas entre los Estados miembros. Pese a que se llegaron a rubricar acuerdos y pactos de todo tipo, apenas se ha conseguido pasar históricamente de las campañas informativas. El resto, papel mojado.

 

Una segunda gran crítica surge del «escaso capital público movilizado». Del monto total anunciado, 315 000 millones de euros, apenas 21 000 es dinero «nuevo», es decir, garantizado por la propia UE gracias a los fondos públicos que pretende movilizar. Uno debe entender, por tanto, que más del 90 % de la inversión prevista debe surgir de la participación del inversor privado y que este debe tomar como garantía el compromiso comunitario. Por lo que respecta al capital público prometido, forzosamente se debe acudir a la reordenación de fondos ya asignados.

 

«A la inversión privada le conviene una economía con estímulos, una adecuada flexibilidad fiscal, un programa de reformas acorde y un esquema de ajustes perfectamente definido.»
Y en este punto, de nuevo, se alza la voz de los escépticos. Si se reorganizan las partidas comunitarias, forzosamente alguien terminará disfrutando de mayores recursos debido a las decisiones estratégicas, pero será claramente en detrimento de otras áreas que en su día también fueron calificadas como estratégicas. De algún modo, se desnuda a un santo para vestir a otro. Y si es así, hay que asegurarse de que la apuesta tiene sentido.

 

Esta es, justamente, una de las preocupaciones de la comunidad científica europea. La reorganización presupuestaria apunta a esta área como una de las perjudicadas, lo cual no deja de ser sorprendente, en opinión de expertos. Como bien recordará el lector, ya en Lisboa 2000, se proclamó la I+D continental como el gran motor para crecer en competitividad y bienestar acuñando una fórmula que acabaría haciendo fortuna: la economía basada en el conocimiento.

 

Para ello, se instó a los Estados miembros a revisar sus inversiones en I+D para alcanzar la media deseable del 3 % para el conjunto de la Europa comunitaria en un plazo no superior a los diez años. El plazo pasó y solo aquellos países que mantienen su inversión atendiendo criterios económicos acíclicos, y que mayoritariamente ya estaban por encima de la media, han mantenido su promesa. Alemania es el paradigma de esta visión, junto con los países nórdicos, Gran Bretaña y, en menor medida, Francia. Otros, entre ellos España de forma destacada, han reducido el capítulo económico destinado a financiar la ciencia y el desarrollo tecnológico, aspecto considerado contrario al fomento de la competitividad. Si a ello se le suman los recortes en educación, la lentitud en la aplicación de medidas correctoras y el escaso peso que aún tiene la innovación, España, como otros países de la periferia de la eurozona, ha perdido peso y capacidad de influencia y corre el riesgo de comprometer seriamente su potencial de recuperación económica.

 

Sin duda, estas serían condiciones poco propicias para la inversión privada. Serían de interés, en cambio, una economía que dispusiera de estímulos, una «adecuada» flexibilidad fiscal, un programa de reformas acorde y, siguiendo la corriente de opinión dictada por el Bundesbank, un «esquema de ajustes» perfectamente definido. La moneda de cambio que ofrecería Europa sería la reforma de las troikas «para suavizar las consecuencias sociales» de las políticas de austeridad.

 

La constitución del fondo

Así, pues, lo que persigue el Plan Juncker es movilizar la inversión necesaria «para crear crecimiento y empleo». El objetivo se acompañará, según el Plan, de la unión energética para minimizar la actual dependencia de Rusia, una de las grandes razones para explicar el conflicto de Ucrania, y un adelgazamiento notable de normas reguladoras en muchos y diversos ámbitos. Bruselas ya ha iniciado la dieta normativa con la eliminación reciente de casi un centenar de normas hasta ahora de obligado cumplimiento. Las relacionadas con cuestiones ambientales y laborales son las que han generado mayor polémica.

El llamado Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) canalizará el programa de inversiones. De acuerdo con lo publicado hasta ahora, Bruselas usará 16 000 millones de los presupuestos comunitarios y 5000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para alcanzar los 21 000 millones prometidos que surgen sin nuevas aportaciones de los Estados miembros.

 

No obstante, la intención de Juncker, según fuentes comunitarias, es que los distintos países se vayan sumando a la iniciativa con el objetivo de atraer fondos privados. Como compensación, Bruselas promete que las aportaciones nacionales no se considerarán en los objetivos de déficit, así como es probable que tampoco lo hagan los proyectos cofinanciados. Berlín, reacia inicialmente, acepta las medidas. Algunas fuentes cifran en 20 000 millones la aportación inicial de los Estados miembros, aunque nada está confirmado.

 

Lo que sí parece claro es que el destino de los 21 000 millones iniciales abrirán la puerta del BEI para la emisión de bonos y la concesión de préstamos hasta un total estimado de 63 000 millones de euros. Se trata de préstamos con los que financiar proyectos, o parte de ellos, de mayor riesgo. Por consiguiente, quedarían algo más de 250 000 millones de euros para la inversión privada. Siguiendo el histórico de la UE, el nivel de apalancamiento se estima de 1 a 15 (por cada euro invertido, el EFSI espera generar 15 para programas de inversión). Esta cifra ha sido calificada como «excesivamente optimista» por los sectores más escépticos.

 

En cualquier caso, y en eso todas las partes parecen estar de acuerdo, se espera «un impacto positivo» a medio plazo en términos de productividad, de fortalecimiento de la confianza de las empresas por la garantía comunitaria y de reclamo para la inversión privada. Todo dependerá, y de nuevo hay coincidencia, de la calidad, idoneidad y rigor de los proyectos seleccionados.
 

 

Qué proyectos van a financiarse

 

T

odavía resulta prematuro especificar qué tipo de proyectos van a beneficiarse directamente del Plan de Inversiones canalizado a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI). En la fase actual se están generando las condiciones básicas que deberían reunir, al tiempo que se han identificado algunos de los muchos que podrían acogerse a esta nueva línea de financiación o bien ya están recibiendo fondos europeos acorde con los criterios generales que la UE pretende instaurar. Una primera lista hecha pública por la propia CE cifra en más de dos mil los proyectos que ya podrían incluirse en el EFSI.

Documentos de trabajo de la CE especifican: «La falta de información creíble y transparente sobre los proyectos es actualmente una de las principales barreras a la inversión», por lo que deben generarse las condiciones para «restablecer la confianza de los inversores y desbloquear la inversión del sector privado».

 

«Los proyectos a financiar deben estar inscritos en áreas clave que fomenten el crecimiento».

En términos genéricos, los proyectos a financiar deben estar inscritos en «áreas clave que fomenten el crecimiento: el conocimiento, la innovación y la economía digital; unión energética; infraestructura de transporte; infraestructura social; y los recursos naturales y el medio ambiente».

Del mismo modo, se pretenden priorizar nuevos proyectos asociados a educación, salud, investigación y desarrollo, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); expansión de las energías renovables y la eficiencia energética; proyectos de infraestructura en áreas vinculadas a recursos naturales, el desarrollo urbano siguiendo criterios de sostenibilidad; y los relacionados con cuestiones sociales. Se plantea también proporcionar apoyo financiero a empresas que tienen hasta 3000 empleados, incluyendo líneas de financiación mediante capital riesgo.

Para acceder a la financiación, desde la CE se ha elaborado una primera lista de «acciones a tomar». Entre otras, mejorar el entorno empresarial, de modo que se eliminen barreras normativas que afecten a infraestructuras, incluyendo energía, telecomunicaciones, digital y transporte. Por otro lado, desarrollar planes nacionales de inversión a largo plazo; priorizar proyectos con valor añadido; establecer mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas; y promover instrumentos financieros innovadores. En todos estos puntos, la UE se compromete a facilitar asesoramiento.

Los recelos de la comunidad científica

 

D

esde la comunidad científica europea se han levantado voces críticas con los planes diseñados por Jean-Claude Juncker y su equipo. La razón principal proviene de la voluntad inicial del presidente de la Comisión Europea de redistribuir fondos preasignados a distintos programas con la finalidad de alcanzar el monto global de 21 000 millones de euros previsto para el plan europeo de inversiones EFSI. Parte de la redistribución afecta al Plan Horizonte 2020 (H2020), del cual depende la financiación del European Research Council (ERC), el instrumento pensado para fomentar la ciencia de excelencia en Europa. En concreto, se prevé que 544 millones de euros del EFSI se extraerán del programa Ciencia de Excelencia, considerado el «pilar» de H2020.

«Maria Leptin, responsable en EMBO del área de Ciencias de la Vida, anima a los miembros de EMBO a tomar parte en iniciativas informativas y de toma de decisiones para que el efecto de la reducción presupuestaria sea el mínimo posible.»

En nombre de EMBO, Maria Leptin, responsable del área de Ciencias de la Vida de la citada organización, ha expresado públicamente su preocupación, además de la intención de plantear abiertamente la problemática que puede derivarse a las distintas comisiones parlamentarias de la CE. Leptin, en carta abierta a los miembros de EMBO, advierte que en el programa de excelencia científica de H2020 se incluyen los programas Marie Curie y el de Tecnologías Futuras y Emergentes, entre otros, además del ERC y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET). La merma presupuestaria, indica, asciende al 2,2 % global. Otros dos de los pilares de H2020, los destinados a Desafíos Sociales y Liderazgo Industrial, se verán afectados por una reducción del 3,8 % y el 3,4 %, respectivamente, lo que supone una caída de 2700 millones de euros para el H2020, sobre todo en los años 2016 y 2017.

De acuerdo con las previsiones, el presupuesto del IET verá la mayor reducción, con 350 millones de euros extraídos del paquete de financiación del Instituto entre 2015 y 2020, mientras que el presupuesto de ERC se reducirá en 221,2 millones.

Leptin hace asimismo hincapié en que la transferencia de fondos se efectuará a través de «un procedimiento legislativo normal», el cual debería incluir el debate parlamentario en el seno del Parlamento Europeo y la posición expresada por los distintos Estados miembros. Por todo ello anima a los miembros de EMBO a tomar parte en iniciativas informativas y de toma de decisiones para que el efecto de la reducción presupuestaria sea el mínimo posible.

Al respecto, desde la CE se argumenta que los fondos redistribuídos se emplearán «para financiar nuevos proyectos de innovación», al tiempo que se recuerda que la financiación de Horizonte 2020 seguiría siendo «un 49 % más alta que la del Séptimo Programa Marco» y que «la excelencia en la investigación y ERC son una prioridad para la UE».

Por otra parte, la CE aduce que «la complejidad del marco financiero plurianual de la UE» obliga a que «cualquier cambio en el marco financiero solo puede ser decidido por unanimidad entre los Estados miembros», algo que añadiría «largos períodos de negociación y resultados inciertos». De ahí que la CE haya optado por extraer financiación para EFSI de H2020 y de la Connecting Europe Facility, en lugar de otras políticas.


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